l acuerdo logrado por los Veintisiete en Bruselas que avaló que el Estado español y Portugal puedan adoptar medidas propias en el mercado de la energía dio un respiro a Pedro Sánchez en una de sus semanas más difíciles desde que llegó a Moncloa. En el plazo de siete días el líder del PSOE afrontó una huelga de transportistas que sigue activa, la resistencia de parte de los países de la UE a permitir acciones inminentes que rebajen el precio de la luz, y una avalancha de críticas por su cambio de posición sobre el Sahara Occidental que ha unido desde sus socios de Unidas Podemos hasta al PP. "Tras la tempestad, vendrá la calma", dicen desde su gabinete, seguros de que el paso del tiempo permitirá comprobar que las decisiones del Ejecutivo repercuten en favor de los intereses generales.

Es lo que afirman que ocurrirá por ejemplo con el giro en la relación con Marruecos, ya que consideran que la situación era "insostenible" y la vía abierta permitirá reabrir fronteras y un mayor control de los flujos migratorios. La decisión no ha sido comprendida por gran parte de los grupos del Congreso y hasta por sectores socialistas que esperan que se desvele la razón que permita entender el porqué de modificar una posición histórica sobre el Sahara. Pero desde el Gobierno se afirma que no hay ningún motivo oculto, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya ha expuesto los argumentos y que el propio Sánchez los reiterará en su comparecencia del miércoles ante el pleno de la Cámara baja.

Si se mantienen las posiciones expresadas, y nada hace pensar hasta ahora que vayan a variar, el presidente español se topará con un rechazo unánime a esa nueva política ya sea por el fondo o por la forma. Ni Unidas Podemos -incluida su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz- ni ninguno de sus socios de investidura avala esa decisión y, por contra, han lanzado mensajes como el de Íñigo Errejón, de Más País, de que la legislatura se le puede ir de las manos. El PNV rechaza también el cambio unilateral, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián ha planteado a la marca morada que reflexione sobre si le interesa más estar dentro o fuera del Ejecutivo.

La comparecencia de Sánchez no será específica sobre Marruecos, sino que servirá para que explique también las cumbres de la OTAN y de la UE en Bruselas, el acuerdo europeo en materia de energía que permitirá a España y Portugal adoptar medidas propias para frenar el precio de la luz, y el plan que aprobará la víspera el Consejo de Ministros ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. A él se remite el Gobierno como respuesta a las aspiraciones de los sectores más afectados por las consecuencias del conflicto bélico. Entre ellos los transportistas, una parte de los cuales sigue echando un pulso porque mantiene la huelga pese al pacto entre Ministerio de Transportes y Comité Nacional de Transporte por Carretera. "No estuvimos finos", admite el Ejecutivo ante sus valoraciones iniciales que ligaban a los huelguistas con la ultraderecha.

Ante las protestas, ya se han adelantado algunas medidas como las relativas al transporte de mercancía por carretera, que suman un total de 1.135 millones de euros con decisiones como una rebaja del precio del carburante en 20 céntimos por litro. Habrá también otras específicas para limitar el impacto del encarecimiento del gasóleo en los costes de explotación del sector pesquero y una atención especial a la ganadería y la agricultura.

A Sánchez tampoco le fue fácil convencer el viernes al resto de líderes europeos para lograr lo que se ha denominado "excepción ibérica" para que España y Portugal puedan actuar con medidas propias para intentar rebajar el precio de la luz. Diez días antes inició una gira europea llevando en su cartera propuestas más ambiciosas y comunes para todos los socios, pero ante la imposibilidad de que se materializaran, apostó por esa solución específica, la llamada "isla energética". Sánchez llegó a levantarse de la mesa enfadado por filtraciones de que pretendía vetar las conclusiones de la cumbre y que aseguró que no eran ciertas. Pero el acuerdo fue posible, dio aire al presidente español y será una de las bases sobre las que se asiente el plan anticrisis. Eso, si antes no se topa de bruces con otra divergencia con Unidas Podemos.

Moncloa se agarra a que el plan anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra temple a los sectores más afectados