- El espionaje a representantes políticos, tanto independentistas como al propio Gobierno, centrará el pleno de control al Ejecutivo de la próxima semana en el Congreso, donde tanto el PP como Vox quieren pedir cuentas especialmente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aunque también hay preguntas para la ministra de Defensa, Margarita Robles, una de ellas de ERC.
Si en la anterior sesión de control fueron las formaciones independentistas y el PNV las que pusieron el foco en la titular de Defensa para que rindiera cuentas por las escuchas a políticos soberanistas desveladas por ‘The New Yorker’, una vez conocido el Gobierno también fue objeto de espionaje mediante el programa ‘Pegasus’ ahora son las formaciones de la derecha las que han fijado la mirada en Bolaños.
En concreto, para el ministro de Presidencia se han presentado un total de tres preguntas. Así, el portavoz adjunto del PP Carlos Rojas quiere que Bolaños aclare “qué está haciendo su ministerio para que los altos cargos del Gobierno sigan los protocolos de seguridad que marca su departamento”.
La secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, intentará que desvele si efectivamente él era el “responsable de velar por la seguridad del teléfono móvil del presidente del Gobierno” cuando fue espiado el año pasado.
Y, por su parte, el diputado de Navarra Suma expulsado de UPN Sergio Sayas aspira a que Bolaños le explique “hasta dónde está dispuesto el Gobierno a someterse a los enemigos de España para mantenerse en La Moncloa”. Para Robles se han registrado dos cuestiones. El ‘popular’ José Antonio Bermúdez de Castro quiere que la ministra de Defensa se pronuncie sobre “las críticas que los socios de investidura hacen de los servicios de seguridad de Estado”.
l ERC tensa la cuerda. Desde ERC ya han solicitado en varias ocasiones la dimisión de Robles y también consideran “insostenible” la situación de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, quien el pasado miércoles acreditó en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que se espió, con autorización judicial, a una veintena de los independentistas que salieron en la lista publicada por ‘The New Yorker’.
