El Parlamento de Navarra ha designado a los cuatro miembros que tiene derecho a elegir en la comisión de reconocimiento de víctimas de violencia policial que prevé la ley foral aprobada en marzo de 2019.

El consultor Mikel Berraondo López, la socióloga Marta Rodríguez Fouz, el historiador Roldán Jimeno Aranguren y la jurista Soledad Barber Burusco ocuparán cuatro de los nueve asientos que prevé la comisión, el mecanismo clave de la ley y que dictaminará quién tiene derecho a percibir indemnizaciones económicas y a acceder a atención sanitaria y psicológica.

Los votos de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, que llegaron a un acuerdo para desencallar los nombramientos -el último obstáculo de una ley que estuvo mucho tiempo parada por los recursos de PP y Vox- sacaron adelante la votación de un tema que provoca urticaria en Navarra Suma, que no ha querido participar activamente ni en la elección de candidatos ni en su elección -ayer la derecha votó en blanco- y que genera un debate interno del que dejó muestra la polémica petición de perdón del parlamentario Iñaki Iriarte a víctimas como Mikel Zabalza y Germán Rodríguez.

La elección de los cuatro miembros que le corresponden al Parlamento supone terminar los deberes y dejar todo listo para que la ley pueda ponerse en marcha.

La ley foral de reconocimiento a víctimas de la extrema derecha y funcionarios públicos prevé la puesta en marcha de una comisión de 9 expertos encargada de recibir los casos, analizarlos y determinar si les correspondía o no la condición de víctima, que la ley prevé reparar con prestaciones económicas y derechos de atención sanitaria y psicológica.

Rodríguez, Berraondo, Jimeno y Barber se suman a una mesa en la que estarán el director general de Paz y Convivencia, Martín Zabalza, el director del Instituto Navarro de la Memoria, Josemi Gastón, y tres técnicos: dos peritos forenses y un psicólogo que nombrará el Instituto Navarro de Medicina Legal, y que tendrán que tener experiencia en materia de víctimas.

La idea es que esta comisión pueda ponerse a analizar casos a la vuelta del verano. La ley ya ha perdido demasiado tiempo: estuvo muchos meses pendiente de un recurso que interpusieron PP y Vox ante el Constitucional -que el alto tribunal rechazó de plano y con reproches a la solidez de los argumentos de la derecha-, ha tenido la comisión parada por falta de consenso a la hora de designar a los expertos y también ha tenido que acometer reformas exprés, como la que se puso en marcha hace menos de un mes para solventar un apartado de la ley que hubiese impedido materializar las ayudas que les corresponde a las víctimas por el hecho de que el Estado no ha reconocido a Zabalza -por poner un ejemplo- como víctima.

En cualquier caso, el Parlamento ya ha hecho su parte y la ley tiene, muchos meses después, todo listo para echar a andar.