Más allá de los grandes titulares que arrojó la noche electoral del pasado domingo en Catalunya, tras la que muchos han dado por enterrado el procés, al menos la versión del mismo que se conocía hasta ahora, y se ha certificado el rearme del bloque constitucionalista en el Parlament, ahora toca pisar tierra y explorar las posibilidades de alumbrar una nueva legislatura. Desde antes de que se abrieran los colegios estaba claro que lograr la gobernabilidad no iba a ser una tarea fácil, y en plena resaca del 12-M el todavía president en funciones, responsable último del adelanto de los comicios, Pere Aragonès, se borró de la ecuación y anunció su retirada de la primera línea política tras la debacle de ERC –pasó de 33 a 20 escaños–.
De forma paradójica, el partido que lidera Oriol Junqueras, abocado a una refundación orgánica y estratégica, tendrá un papel crucial de cara a decantar la balanza hacia un lado u otro. En ambos platillos descansan el PSC de Salvador Illa, triunfador absoluto –de 33 a 42 escaños– pero que deberá batirse el cobre ahora para alcanzar el sillón de la Generalitat; y la Junts que lidera Carles Puigdemont –de 32 a 35 escaños–, fuerza preeminente del soberanismo catalán en solitario tras el desinflamiento de ERC y la CUP.
Tanto Illa como Puigdemont certificaron ayer que llegarán hasta el final de cara a ser jefe del Govern en un alambicado escenario de vetos cruzados, con el ruido procedente de Madrid amenazando con no bajar de decibelios y con un horizonte cercano igualmente endiablado: el 24 de mayo arrancará la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio, que se solaparán con el proceso de constitución del Parlament catalán y con la sesión de investidura del nuevo president. La repetición electoral en Catalunya sigue siendo, por tanto, un peligro latente pese al desgaste que puede acarrear.
El primero en comparecer ayer para abordar el escenario postelectoral fue Carles Puigdemont, que anunció que se postulará para el debate de investidura previsto, como muy tarde, para el 25 de junio, mientras culmina el proceso de amnistía que le permitirá regresar al Estado español. El candidato de Junts reiteró su intención de liderar un Govern “de coherencia soberanista” sumando sus 35 escaños con los 20 de ERC e incluso con los 4 de la CUP (55 o 59, cuando la mayoría absoluta está fijada en 68 escaños), y esperar a que el PSC le brinde su abstención, a cambio de la estabilidad para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Salvador Illa no compareció públicamente ayer lunes, pero sí lo hizo la portavoz de los socialistas catalanes, Núria Parlon, que afirmó que su prioridad es liderar un Govern tripartito con ERC y los comunes, y rechazó rotundamente investir a Puigdemont, a pesar de sus “amenazas de bloqueo” al Gobierno español. “No apoyaremos la investidura de Puigdemont, la ciudadanía ha hablado claro y el independentismo en este momento no tiene una mayoría legítima como para reclamar un Govern encabezado por Puigdemont. Esto le tiene que quedar muy claro, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España”, certificó tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSC.
Aritméticamente, también es viable una investidura de Illa con el apoyo del PP (15) y Comuns Sumar (6), siempre y cuando se abstenga Vox, pero el candidato de la formación de extrema derecha, Ignacio Garriga, lo descartó. “No podríamos apoyar a alguien que ha suscrito la agenda del separatismo”, afirmó. El propio aspirante del PP a presidir la Generalitat, Alejandro Fernández, cerró la puerta a apoyar la investidura de Illa. Alegó que “cualquier fórmula que ensaye Illa” para ser president “estará condicionada por mantener los apoyos en La Moncloa” de Junts y ERC, por lo que concluyó que “no veo viable ningún escenario de colaboración”.
Freno al tripartito
Illa dispondría a su vez de mayoría suficiente con un pacto con JxCat, al menos en el plano teórico, pero este escenario sociovergente también ha sido desechado por el propio Puigdemont, de modo que al PSC solo le queda ganarse la confianza de ERC. No obstante, la formación republicana descarta reeditar un tripartito, tras certificar en la misma noche electoral su pase a la oposición y trasladar al PSC y Junts toda la responsabilidad de “entenderse”. “No estaremos para facilitar una investidura del PSC y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC”, advirtió el president en funciones, Pere Aragonès, que se retira de la escena política y ni siquiera recogerá el acta de diputado.
En una comparecencia, Aragonès explicó que toma esta decisión por “responsabilidad y honestidad” y ahora iniciará “una nueva etapa”. Argumentó que los resultados del 12-M han propiciado un “cambio de rasante” en el que el independentismo ya no suma una mayoría parlamentaria y Catalunya ha dado “un giro hacia la derecha”.
ERC deberá elegir, por tanto, entre dos opciones: si avala a Illa se ganaría los reproches de Junts para toda la legislatura, aunque obligaría a Puigdemont a retirarse de la primera línea, después de que el expresident anunciara que no ejercerá de jefe de la oposición. En cambio, dando apoyo a Puigdemont y negándoselo a Illa acercará el escenario de una repetición electoral, en la que los republicanos probablemente verían agravarse su crisis.
El proceso de negociación para una investidura muy incierta tendrá un prólogo trascendental: el 10 de junio, como muy tarde, habrá que constituir el Parlament y elegir su nueva Presidencia, un puesto clave para controlar los tiempos parlamentarios y decidir quién opta en primer lugar a ser investido.
‘Caso Tsunami’
La AN cita a Marta Rovira. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar como investigados el próximo 22 de mayo a una decena de personas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y al jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. En un auto emitido en el marco de la causa por los disturbios atribuidos a Tsunami Democràtic, insta a esclarecer las actuaciones de esta plataforma el 9 de noviembre de 2019, jornada de reflexión de las elecciones generales del 10-N.
