madrid - El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas condenó ayer a España por deportar a D.D., un menor de 15 años procedente de Mali que el 2 de diciembre de 2014 saltó la valla de Melilla para llegar al país. Cuando entró en territorio español, agentes de la Guardia Civil inmediatamente le detuvieron, le esposaron y le entregaron a las fuerzas de seguridad marroquíes, según hizo llegar a la ONU por Fundación Raíces y European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Por lo tanto, no tuvo ni la posibilidad de reclamar protección como menor no acompañado, ni fue asistido por un abogado ni tuvo intérprete, por lo que no contó con las garantías jurídicas pertinentes.

El caso generó el primer dictamen de Naciones Unidas sobre las devoluciones sumarias de menores, ya que nunca antes la ONU se había pronunciado tan rotundamente respecto a la ilegalidad de estas acciones. “La obligación de los Estados es proveer protección y asistencia especiales a niños no acompañados”, señala el Comité. Esta práctica -también conocida como devolución en caliente- está recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana, una norma que ampara la expulsión a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla.

El dictamen del Comité concluyó que la ley y la práctica española vulneran varios derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. Concretamente, alega que las autoridades españolas no identificaron al menor, no se le brindó la “protección y asistencia especial en su condición de niño no acompañado”, amparado en el artículo 20. Tampoco respetó el principio de no devolución, al tiempo que expuso al menor “a correr el riesgo de sufrir actos de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Marruecos, según el artículo 7. Según apunta, España “no consideró el interés superior del niño”, a lo que atiende el artículo 3 de la Convención.

El caso se ha resuelto gracias a que, 28 días después de la actuación de los agentes, el chico consiguió saltar y quedarse en España. “Tiene una importancia fundamental para la protección de los menores no acompañados, no solo en la frontera hispanomarroquí, sino en las fronteras terrestres en general”, afirmó Carsten Gericke, representante de D.D. y abogado cooperante de ECCHR. Por su parte, el joven actualmente trabaja como jardinero en Madrid. “Me siento feliz y más libre ahora. Me gustaría que todo el mundo lo supiese y que no volviese a ocurrir nunca más”, señaló. - E.P.