recurso a Estrasburgo y una manifestación el 26 de octubre. Es todo lo que se puede hacer ante un atropello que ha ido creciendo en cada vuelta de tuerca. Lo primero, la apelación, aun con resolución favorable, llegará cuando los jóvenes de Altsasu encarcelados hayan consumido todos o casi todos los años de su desproporcionada condena. Lo segundo, llenar las calles con la rabia por montera, por muy meritorio y loable que sea, no va más allá del derecho al pataleo, el único que queda medio en pie.

Son pésimos tiempos para creer en las instituciones en general y en la Justicia en particular. Por más acopio de ingenuidad y de esperanza que hagamos, la mayoría de las decisiones de las altas instancias judiciales acaban alimentando una sensación de desamparo infinito. De las más recientes con relieve mediático, quizá quepa como excepción la vía libre a la exhumación de Franco. El resto han sido el calco de los peores presagios, hasta con una especie de cínico y cruel recochineo, como ha sido el caso de la que comentamos, que muchos medios han vendido haciendo ver que las rebajas de condena eran un chollo para los que las cumplirán y, al tiempo, la muestra de la bondad de la legalidad vigente y de sus administradores. De propina, sin posibilidad de crítica, siguiendo esa doctrina amordazante que van impartiendo significados representantes de los tres poderes clásicos. Repasen los titulares de estos días atrás y verán desde cuántos flancos se nos ha advertido con gesto adusto de que las sentencias no solo se acatan sino que se respetan y punto. La próxima, dicen que hoy mismo o el lunes, la del Procés. Prepárense.