- El Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria que presta el Colegio de Abogados de Pamplona en la prisión de la capital navarra sigue en activo pese al decreto de alarma. El centro penitenciario de Pamplona, junto al de Sevilla, fueron pioneros en activar dicho servicio de manera telefónica para reducir la entrada de abogados/as en prisión (que pueden acceder previa autorización) y que su presencia pudiera suponer algún foco de contagio. En Pamplona los abogados siguen prestando su servicio los tres días por semana, pero en lugar de acudir a la cárcel para dialogar con los reclusos desde los locutorios, ahora se desplazan a la sede del Colegio de Abogados.

Sin embargo, la innovadora atención telefónica cuenta con varias trabas que influyen en el descenso de la demanda de consultas. Así, este servicio ha pasado de atender una media de 25 reclusos en cada guardia a una media de cinco a través del hilo telefónico. "Es una muestra palpable de que a las personas presas también les está afectando el estado de alarma. Además no pueden recibir visitas de familiares. Los abogados pueden acudir y se han producido visitas si el centro los autoriza, pero las concesiones de los terceros grados a presos se han paralizado. La inactividad prácticamente total del servicio de Justicia es demoledora para la ciudadanía y la abogacía. Nosotros seguimos trabajando, ofreciendo explicaciones a los clientes, preparando sus asuntos, realizando las guardias...", resume Blanca Ramos, decana del Colegio de Abogados de Pamplona.

Las razones del menor uso de la orientación jurídica penitenciaria pueden ser varias, pero los abogados las concentran en tres: a diferencia del convenio firmado con el Gobierno foral el servicio no es gratuito y tiene coste la llamada que efectúan al colegio de abogados. No se descuentan dentro del cupo limitados de contactos telefónicos que todos los presos pueden realizar semanalmente, que han aumentado de 10 a 15 llamadas, pero tienen coste y no se han ampliado los horarios. A su vez, en los tres módulos aptos en la prisión de Pamplona y que concentran a los 320 internos de dicha cárcel, solo disponen de dos cabinas por módulo (tres activos y el de ingresos) y de otra en la enfermería. Por tanto, la privacidad de las conversaciones es mínima, puesto que varios internos hacen cola para poder usar también la cabina. Por ello, organizaciones como Salhaketa han exigido que se habiliten otros espacios dentro de prisión para que se puedan efectuar esas llamadas.

Los reclusos que han utilizado hasta el momento el mencionado servicio, para el que previamente tienen que elaborar una instancia, se han interesado por las situaciones ordinaria derivadas de su estancia en prisión, pero que ante el actual estado de alarma se han incrementado. Así, ha habido varias consultas referentes a personas enfermas y otras sobre concesiones de permisos y terceros grados que no se pueden tramitar ni resolver en el estado actual y por las que varios presos han consultado.

El pasado 15 de marzo, cuando entró en vigor el decreto que establecía el estado de alarma por parte del Gobierno central, se dictó una orden relativa a las medidas que se adoptaban en relación con los internos de todos los centros penitenciarios de España, entre ellas la suspensión de las comunicaciones ordinarias con sus familias y amigos, dada la limitación de la libertad de circulación. specto a los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOJP). El 26 de marzo, Instituciones Penitenciarias comunicó que se estaban implantando en las prisiones mecanismos tecnológicos que permitirían comunicaciones de los internos mediante videollamadas y habló de la adquisición de 200 terminales móviles para facilitar a los internos las comunicaciones y mitigar la pérdida de los vínculos afectivos.

En Pamplona aún no consta que hayan llegado, pero para esta semana se prevé que se efectúen videollamadas. En el centro penitenciario de la capital no consta por ahora ningún contagio ni entre los reclusos, ni entre los funcionarios del centro, que realizan su trabajo con mascarilla. Ahora, las personas que entran como nuevos ingresos en prisión quedan aislados al entrar en la cárcel, en cuarentena y sin contacto con el resto de los presos.

Vacío. Las 33 personas que se encontraban en el CIS del centro penitenciario de Pamplona se encuentran desde hace al menos dos semanas en sus domicilios con un seguimiento telefónico y telemático por parte de las autoridades. El CIS es el llamado Centro de Inserción Social de la prisión, es decir, el establecimiento donde se cumplen las penas en régimen abierto o donde duermen aquellas personas presas a las que se ha concecido el tercer grado y abandonar el lugar a diario. Sin embargo, durante la primera semana del estado de alarma, esas personas que ocupaban el CIS sí que estuvieron saliendo y entrando de dicho centro. Salhaketa denuncia que se ha adoptado dicha medida por necesidad, ya que el CIS está cerrado por una cuestión logística, ya que Pamplona no tiene capacidad de hacer otra cosa con el CIS que permitir la llegada o salida de usuarios.