- Emilio Silva nació en Elizondo en 1965, donde vivió hasta los cinco años ya que su padre trabajaba en una base americana en Gorramendi, donde estaba ubicado el mayor radar de Europa durante la Guerra Fría. De los cinco a los catorce años, Emilio vivió la Transición bajo el cielo de Pamplona. Pasó por un montón de colegios privados. Fue una estrategia que urdieron sus padres para mantener un perfil bajo, ya que el abuelo de Emilio fue fusilado por falangistas en 1936, como otros tantos que todavía están enterrados en fosas comunes. "Que no se note que somos rojos", decía su padre.
La del abuelo de Emilio fue la primera exhumación que se realizó en España con métodos científicos, con un equipo arqueológico-forense y pruebas de ADN. Aquella primera experiencia tuvo lugar en 2000, en Priaranza del Bierzo (León) con la participación del forense Francisco Etxeberria. Desde entonces, la ARMH ha continuado excavando fosas a pesar de la desidia institucional y la ausencia de un plan gubernamental, hasta ahora, para llevarlas a cabo con la implicación del Estado.
En los próximos meses, el Gobierno aprobará una nueva Ley de Memoria Democrática. ¿Ha llegado por fin el momento de las exhumaciones?
-Depende para quién. Cuando empezaron las exhumaciones y surgió el debate político, hubo quien hablaba de que no era el momento. Yo creo que son siempre excusas. El momento para la política es el momento en que se tenga la voluntad. La han tenido en algunos gobiernos autonómicos desde hace años, y no la ha tenido el Gobierno de España. Para una asociación como la nuestra (ARMH), que cumplimos 20 años el 21 de octubre, cada vez que hemos abierto una fosa ha llegado ese "momento".
¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre la futura Ley de Memoria Democrática, y cómo va a afectar a las exhumaciones?
-Incluso ahora que estamos con un anteproyecto de ley, creo que no hacía falta una ley para hacer exhumaciones. Lo de la ley tiene que ver más con otros intereses relacionados con la bronca parlamentaria. Y el día que llegue la ley, veremos cómo les crecen las uñas a las derechas. Todo esto tiene que ver en parte con la rentabilidad política, por meter cosas en la agenda, y yo creo que a la izquierda que gobierna le gusta mucho que se enfade la derecha. En cambio, a las familias que están esperando a encontrar a un ser querido, no les sirve de mucha ayuda que se enfaden el PP o Vox en el Congreso. Pero supongo que para los partidos políticos eso tiene alguna utilidad.
En el anteproyecto se hace una mención a las subvenciones para realizar exhumaciones. ¿Cuál es su opinión al respecto?
-Para mí hay una frase muy llamativa de la vicepresidenta [del Gobierno, Carmen Calvo] cuando salió a explicar el anteproyecto en la rueda de prensa, y dijo que ponía en marcha unas subvenciones porque "no se podía perder ni un minuto". Entonces yo cogí una calculadora y sumé cuántos minutos habían transcurrido desde el siete de junio de 2018, que es cuando ella toma posesión de su cargo como vicepresidenta, y han pasado 1.908.000 minutos. Ese argumento no se sostiene por ninguna parte. Además, hay una cosa terrible en las subvenciones que ha convocado el Gobierno para las exhumaciones, y es el título, porque les llama "actividades de la memoria". O sea, que hace unos días estábamos exhumando en El Espinar (Segovia), apareció un anillo en la fosa, vino la hija de ese hombre a ver el anillo... y según el BOE, donde estaba yendo esa mujer era a una "actividad". El lenguaje no es inocente. Es una vergüenza decir eso, y es una forma de negacionismo. Todo esto está en el espíritu de la ley, y espero que se cambie en los meses que faltan para que se apruebe.
Desde el punto de vista de los familiares de las víctimas y de las asociaciones memorialistas, ¿habría que quitar o añadir algo a la futura ley?
-Yo no utilizaría el Tippex, sino el boli. Añadiría cosas, como por ejemplo lo siguiente: Hace un par de semanas la vicepresidenta explicaba el concepto de Memoria Democrática, que viene a potenciar el conocimiento sobre los hombres y mujeres que durante decenios han luchado por este país, para construir las libertades. Perfecto. Nosotros llevamos años diciendo que el mejor homenaje está en un libro de texto. ¿Pero acaso no es útil la memoria de la anti-democracia, de los que la destruyeron, la memoria del fascismo español? ¿No debería enseñarse también en las escuelas? Aquí, yo cogería el boli para darle continuidad. Por ejemplo, si vamos a hablar de Clara Campoamor, habría que hablar también de Queipo de Llano, que les decía a sus soldados que si capturaban a Clara Campoamor tenían que violarla para que supiera lo que era un hombre de verdad.
¿En qué momento estamos, en términos de concienciación sobre la memoria histórica?
-Han pasado cuarenta años, y justo hemos aprobado primero de básica de memoria. Si yo leo ese discurso de la vicepresidenta, veo una continuidad con la Transición, que se basó en un acuerdo en el que no había víctimas ni verdugos. Porque al final, la Transición fue como el armisticio de una guerra, y no como el final de una dictadura. Esa es una de las grandes trampas. Llegaron a un acuerdo por el cual no se iba a señalar a los verdugos, para lo cual no tenían que existir las víctimas.
Creo que hay que hablar de ambas cosas, y además es una urgencia, en el momento en que están entrando partidos de extrema derecha en Europa. Es necesario saber cómo se comportó el fascismo, de qué fue capaz, y qué objetivos tenía. Estaría bien crear un centro de documentación del fascismo español, como los hay en Alemania o en Austria. Además, en la ley no se menciona el nacional-catolicismo, como si la Iglesia Católica no pasara por allí. Todo eso tiene que estar bien documentado en un lugar que haga divulgación, para saber quiénes fueron los golpistas del 36, cómo organizaron aquello, y qué hicieron políticamente una vez que obtuvieron el poder por la fuerza.
Recientemente, la ARMH se ha quejado de que la nueva ley deja a las víctimas en manos de los ayuntamientos, usando las asociaciones como "ariete" contra los alcaldes que se niegan a exhumar.
-Los mensajes del Gobierno han sido muy confusos. Las exhumaciones de fosas para recuperar los restos de los represaliados es un derecho que no se puede discutir. Se ejecuta, y punto. Qué triste es que, tantos años después, el Gobierno esté mandando a una familia a pelearse con un alcalde.No puede ser que el Estado exponga a las familias así.
En Guadalajara, para exhumar al padre de Ascensión Mendieta, el ayuntamiento nos estuvo mareando con informes de todo tipo: de la empresa que llevaba el cementerio, de la concejalía que contrataba a la empresa del cementerio...Y al final se pudo hacer gracias a que hubo un cambio de juez en Guadalajara, que cuadró al ayuntamiento.
Entonces, ¿qué habría que hacer a nivel estatal?
-Lo que hay que hacer es abrir una oficina que se coordine con todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, que las hay en todas las capitales de provincia, para que entre por la puerta un familiar y se le atienda, como pasa en Navarra y País Vasco. En esa oficina se hace un informe de la persona desaparecida, que se entrega a la familia. Y si en la investigación se conoce el lugar del enterramiento, no se discute. Se exhuma, se identifica, y que la familia lo entierre según su deseo. Eso es un derecho. Lo otro es seguir jugando de modo partidista con esto de la memoria, porque lo que interesa es que genere conflicto político en las instituciones.
Los familiares se han quejado del agravio comparativo con el trato que reciben las víctimas terrorismo. ¿Esto va a cambiar con la nueva ley?
-Nadie imaginaría que la reparación a las víctimas del terrorismo dependiera de una decisión política aquí o allá. A las víctimas del terrorismo, el Estado las va a buscar. Pero parece que, si hablamos de víctimas en general, al Estado no le duelen todos los dolores. Yo acabo de hacer la matrícula de mi hija, y en el formulario he visto que si fuera víctima del terrorismo le habría salido gratis. Las familias de los desaparecidos de la dictadura, que es el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano, están pidiendo lo mínimo de lo mínimo, como es poder darle una sepultura digna a un ser querido, que es un derecho según todos los acuerdos internacionales que menciona ahora el gobierno.
En el anteproyecto se menciona la intención de homologar los acuerdos internacionales sobre derechos humanos ¿Es que no se han aplicado esos derechos hasta ahora?
-Es que estas víctimas no existen. Ni existirán, hasta que sea el Estado el que las atienda como tales. Por eso, es una trampa usar a las asociaciones como intermediarios. Una asociación puede ayudar en una exhumación, cuidando con todo el cariño a los familiares, con un montón de voluntarios dedicando su esfuerzo a ayudarles. Pero nosotros no les podemos dar un "estatuto de víctima", por llamarlo así. Es el Estado el que tiene que hacer eso. Si no quiere hacerlo, estará jugando con la equidistancia: ni estoy con los franquistas ni estoy con los antifranquistas, no me junto con ninguno.
Si el derecho al duelo está reconocido por la ONU en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿se puede descargar esta responsabilidad en la sociedad civil?
-El relator de la ONU, en su informe, decía que la "privatización" de las exhumaciones genera dos problemas. Uno, la pasividad de las instituciones. Y dos, un problema con la "verdad oficial", que también es fundamental. Nosotros hemos hecho más de 140 exhumaciones en 20 años, y hemos generado un montón de informes. Pero estos informes se perciben como una "verdad parcial", porque son informes "de parte". Si los informes estuvieran redactados por el Estado, con su sello, como notario, esos crímenes serían una verdad oficial. Si tú delegas todo eso, es que no tienes voluntad de que haya verdad, y dejas que las víctimas vayan por ahí buscándose la vida, a ver si hay una asociación que las ayude. Si la ley se aprueba así, con este espíritu, no se va a buscar la verdad ni se va a querer respaldar a las víctimas.
¿Qué más cosas hay que mejorar en la ley, desde el punto de vista de las víctimas?
-Le faltan muchas cosas, pero lo fundamental es que haya una oficina que atienda a las víctimas, que las escuche el Estado y que se preocupe de ellas. También, como hemos dicho, hace falta un centro de interpretación del fascismo español, para no contar una "historia de los buenos" como si no hubieran existido los malos. Y también hace falta un acto que no se ha hecho jamás en suelo español, del presidente del gobierno con las víctimas de esta represión, porque no ha habido voluntad política de hacerlo en 45 años. Se ha hecho con exiliados en muchos países, pero nunca en suelo español. Y no hacerlo es una forma de indicar que las víctimas del franquismo no se merecen un estado que las acompañe. Yo creo que lo simbólico es muy importante, y debería existir un gesto como ese. Y garantizar que la fiscalía que se va a abrir pueda investigar estos crímenes penalmente.
¿Qué tal se está haciendo en Navarra, en lo que se refiere a las exhumaciones y al trato de las víctimas?
-Navarra ha seguido en parte la estela del País Vasco, y son las dos comunidades autónomas que más se han responsabilizado de esto. Han creado instituciones que atienden a las familias. Esto es lo que nosotros le pedimos al Estado. En Navarra hay modelos que ya llevan años funcionando, y creo que se ha trabajado mucho. Todo lo que ha ocurrido con Sartaguda, o con la formación de profesores en esta materia. Leí una noticia de que El Drogas había ido con estudiantes a Sartaguda y cantó con ellos parte del disco "La tierra está sorda". En Navarra esto es algo normal. Pero yo en Madrid tengo muchos problemas para ir a hablar a un instituto.
