- La nueva Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), ya conocida como ley Celaá por haber sido impulsada por la actual ministra de Educación, Isabel Celaá, ha sido recibida entre duras críticas por un sector de la comunidad educativa de la Comunidad Foral, principalmente por considerarla un ataque contra la educación concertada, una opción por la que actualmente se decanta el 35% del alumnado navarro, con cerca de 36.000 estudiantes.

Este proyecto de ley, que sustituiría a la ley de educación aprobada en 2006 (la LOMCE), recoge en uno de sus puntos más conflictivos que son las administraciones las responsables de regular la admisión de alumnos en centros públicos y concertados "para garantizar el derecho a la educación". Sin embargo, desde las patronales de la red concertada en Navarra aseveraron que "las aulas las deben abrir o cerrar las familias con sus demandas educativas o de opción de proyecto educativo, y no las planificaciones educativas preestablecidas por los gobernantes".

Las Escuelas Católicas Navarra-ANEG -con 40 centros que representan el 60% del alumnado navarro-, desde donde consideraron que "no es el momento ni son las formas para tramitar una ley" dentro de un contexto de pandemia, denunciaron que ha sido "tramitada de forma exprés sin negociación, alejando toda posibilidad de alcanzar el necesario y demandado Pacto Educativo".

En este sentido, consideraron que la LOMLOE es "una ley partidista que no responde a los intereses de la sociedad y que elimina derechos y libertades individuales". Algo que para ANEG "condena a los centros concertados y de educación especial a una progresiva desaparición", tal y como anticiparon también desde la plataforma Más plurales, creada a nivel nacional para luchar contra la ley Celaá.

Por su parte, Concapa Navarra (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) mostró su preocupación frente a la devaluación de la asignatura de Religión, el riesgo para la supervivencia de los centros de educación especial y la pérdida de libertad de elección por parte de las familias. "La Declaración Universal de los Derechos Humanos avala el derecho a la Educación y a la elección educativa de las familias, no solo el derecho a la educación pública", incidieron. En definitiva, para Concapa, la ley Celaá supondría "la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual".

La Federación de Ikastolas -con 15 centros en Navarra en los que cursan sus estudios 6.243 alumnos y alumnas- también se mostró contraria "al intento de recortar la educación concertada por determinados interesas políticos", aunque valoró positivamente que la LOMLOE sea, a su parecer, "más avanzada a nivel pedagógico que la LOMCE en temas referidos a los objetivos del currículum, a la supresión de los itinerarios en la ESO, a abordar la perspectiva de igualdad de género, la educación en valores cívicos y para el desarrollo sostenible". Asimismo, también pusieron en valor que el proyecto de ley devuelva a las comunidades autónomas la libertad de definir una parte del contenido curricular o el uso de las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.