El agente de la Policía Municipal de Pamplona inculpado por acceder a atestados de tráfico y a las bases de datos municipales ha sido condenado a dos años de prisión por revelación de secretos (un año y 9 meses) y por dos delitos de coacciones (2 meses de prisión por cada uno), además de cuatro años de inhabilitación absoluta y tres años de alejamiento respecto a la pareja a la que acosaba. En la sentencia, dictada esta mañana de conformidad, se recoge que el acusado ha indemnizado a las dos víctimas a las que coaccionaba incluso con seguimientos y búsquedas en las bases de datos con 15.000 euros por los daños causados, de modo que se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

El juicio de conformidad se ha celebrado en la sección Primera de la Audiencia de Navarra. El pago de dicha cantidad ha supuesto un esfuerzo económico al acusado teniendo en cuenta la escasez de sus ingresos, al haber sido declarado incapaz para desarrollar su trabajo habitual y dado de baja definitivamente por el Ayuntamiento de Pamplona por su incapacidad permanente.

El municipal estaba acusado de obtener información que utilizaba, por un lado, para beneficio de amigos y conocidos a la hora de realizar compraventas de motocicletas y vehículos y, en otras ocasiones, para tener información de los domicilios e incidencias de personas determinadas, incluso del exalcalde de Pamplona, Joseba Asiron. Con la información que obtuvo, llegó también a coaccionar a una pareja, ya que tenia amistad con la mujer desde 2016 y durante dos años interfirió en la vida diaria de ambos de manera reiterada, hasta el punto de seguirles en algunos viajes.La Fiscalía pedía para el policía seis años y medio de prisión (4,5 por descubrimiento y revelación de secretos y dos años por coacciones, además de una multa de daños). También le reclamaba 10 años de inhabilitación absoluta para seguir trabajando como policía y tres años de alejamiento de la pareja a la que acosaba, a los que golpeó las motocicletas que poseían causándoles daños valorados en casi 6.000 euros en ambos casos.

El acusado estaba destinado al grupo de Atestados desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2017 y desde el 1 de junio de 2017 hasta el 3 de febrero de 2019 adscrito al grupo de Policía Administrativa, y para el desempeño de su trabajo tenía acceso a bases en las que constan datos de los ciudadanos (referentes a sus domicilios y cualquier incidencia con las diferentes administraciones), así como a los datos de vehículos y sus propietarios.

Según el fiscal, el acusado, durante los años 2017, 2018 y hasta febrero de 2019, ha utilizado la posibilidad que como policía tenía para acceder a dichas bases de datos para fines muy diferentes al desempeño de su trabajo, infringiendo los limites legales de su autorización y ha obtenido datos de numerosos ciudadanos con tres objetivos diferentes: en unas ocasiones solo para conocer datos de la vida e incidencias que se producían en la vida de alguna persona en la que tenía algún interés. En otras para facilitar transacciones comerciales de amigos o conocidos. Y por último para conocer todo lo que podía de dos personas concretas para interferir en sus vidas.

De esta manera, el acusado ahora condenado, para conocer datos personales e incidencias de amigos y conocidos, desde el 29 de agosto de 2017 hasta el 2 de febrero de 2019, accedió en 17 ocasiones a los datos de 16 componentes de la Policía Municipal de Pamplona, el 2 de febrero de 2018 accedió a los datos del entonces alcalde de Pamplona y a los de un hermano de este, y entre el 18 de abril de 2017 y diciembre de 2018 accedió en 41 ocasiones a los datos de al menos 18 personas, algunos miembros del club de motos al que pertenece el acusado, sin que ninguno tuviera incidencias relacionadas con el trabajo del acusado como policía.