ONG navarras exigen retomar programas para jóvenes migrantes no acompañados

Para estos colectivos, es necesaria "la adecuación de los recursos a las necesidades específicas" de estos jóvenes, "retomando los programas de alfabetización e inmersión comunitaria a través del ocio".

Igualmente, han solicitado al Ejecutivo foral "un tránsito de salida del sistema adecuado y más paulatino", de tal modo que se articule "una mayor intervención que darles una ayuda de autonomía y dejarles en conexión con servicios sociales de base".

Así lo han señalado, en representación de estos colectivos sociales, Lydia Almirantearena y Beatriz Villahizán, quienes han participado este viernes en una comparecencia telemática en la que han lamentado "la situación de alta vulnerabilidad que sufren algunos jóvenes migrantes no acompañados que residen en Navarra".

Según ha detallado Almirantearena, "la situación que se ha dado a lo largo de 2020 ha supuesto un cambio para la situación de los jóvenes migrantes no acompañados, en un año marcado por la pandemia provocada por el coronavirus".

Este giro, ha agregado, "se ha concretado, a lo largo de este año tan duro y complicado, en tres grandes cambios, el primero, la expulsión del sistema de protección dependiente del Departamento de Derechos Sociales, en concreto de Subdirección de Familia y Menores, a aquellos jóvenes no acompañados que adquirían la mayoría de edad o cuya mayoría de edad se probaba".

Todo ello, ha afirmado la representante de la Red de Lucha contra la Pobreza, "pese al compromiso público de Gobierno de Navarra de mantener la atención a estas personas hasta la edad de 21 años".

En segundo lugar, ha criticado "el desmantelamiento de servicios específicamente orientados a garantizar su inclusión en la sociedad navarra, en concreto el programa de alfabetización y el de inmersión comunitaria a través del ocio".

Y por último, según ha dicho, "se ha producido una transferencia de competencias al Departamento de Políticas Migratorias relativas a este sector de la población". Un traspaso que, a su juicio, "no se ha realizado con la planificación y diseño del programa adecuados para acoger a todos estos jóvenes". "Ni tampoco se ha provisto, por parte de Gobierno de Navarra, de la previsión de fondos suficientes que hagan viable la actuación", ha sostenido.

Por todo esto, los citados colectivos sociales han mostrado su "preocupación" dadas "las consecuencias que se pueden derivar para estos jóvenes y para su inclusión social, personas que en un momento crucial de sus vidas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema dadas sus características de edad y su condición de migrantes".

"GOTEO DE SALIDAS CONTINUO"

Según ha detallado Beatriz Villahizán, "tras la salida efectiva de 25 de ellos de los recursos especializados a 30 de junio de 2020, lo cual se ha confirmado en fuentes oficiales, el goteo de salidas de estos jóvenes de los recursos, ha sido continuo".

"En algunas ocasiones salidas con solamente una o dos semanas, tiempo insuficiente para poder articular estas salidas desde los servicios y también para que estos jóvenes puedan buscar al menos un alojamiento adecuado, dada la complejidad de su situación. Incluso algunas de estas salidas se han hecho con apenas 24 horas de preaviso", ha censurado.

Para Villahizán, "dada la dureza de estos casos, debemos incidir en la poca planificación con la que se están realizando las salidas ya que con tan poco espacio de tiempo se exige que salgan del sistema de protección en el que hasta entonces tenían cubiertas no sólo sus necesidades básicas cubiertas, sino también un acompañamiento social, y deban buscar urgentemente un lugar donde pasar la noche".

A su juicio, "la urgencia del fin de estos procesos o fases, hace que el proceso de inclusión en el que se veían inmersos se rompa de golpe, y no culmine con éxito". Y ha afirmado que "ejemplo de ello es que de las 45 personas que han salido de los recursos, apenas 16 mantienen vinculación actual con los servicios de los que salen".

Por todo esto, han reclamado al Gobierno foral que "consolide su compromiso mediante la creación de un sistema público fuerte y con recursos suficientes" y han ofrecido su colaboración para "establecer medidas y soluciones que puedan reencaminar la situación de desprotección que se está dando".

"La resolución pasará por la creación de un modelo que articule la acogida de las personas, la intervención especializada, la planificación de recursos de manera integral, además de la creación de un protocolo para una planificación adecuada de salidas de los mismos que garanticen su inclusión social en nuestra comunidad y el seguimiento de estos jóvenes una vez que están fuera del sistema", han reivindicado.