La Red de lucha contra la pobreza y la exclusión ha reclamado en el Parlamento de Navarra un plan operativo para 2021, un plan de choque para paliar las consecuencias de la pandemia y reducir la desigualdad, para lo que han pedido una ley del 0,7% para las empresas y destacado la "eficacia" que puede tener la política fiscal.
A juicio de la Red, hay que combinar políticas pasivas e inversión en políticas activas, y el plan operativo para 2021 adecuado a la crisis social actual es "la herramienta estratégica" para garantizar los derechos de la ciudadanía en riesgo de exclusión social, "un instrumento clave" para paliar o mitigar los efectos de la crisis y avanzar en la inclusión, ha dicho Alberto Urteaga.
Tras recordar el aumento de la pobreza en la crisis económica de 2008, ha afirmado que en ésta el punto de partida es de 23.000 personas en exclusión o elevado riesgo, por lo que "urge trabajar de forma conjunta" entre la administración y el tercer sector y "reforzar los recursos" tanto en personal como en presupuestos.
Hay que blindar el plan de inclusión, reforzar los servicios sociales de base, fomentar las capacidades técnicas de los equipos profesionales o establecer medias para evitar la brecha digital, ha indicado.
Como medidas concretas, ha subrayado que "el empleo es una línea estratégica para la inclusión social" y por eso hay que actuar "inmediatamente en la generación de oportunidades", reforzando las ayudas a empresas y entidades para fomentar la contratación de población vulnerable.
Por eso ha cuestionado que hayan sustituido subvenciones a la contratación por unos incentivos con un 65% menos de fondos que en 2019, o que haya bajado con respecto a 2020 en medio millón de euros la partida de formación de desempleados.
Urteaga ha reclamado también más escuelas taller, valorado el programa de empleo inclusivo con itinerarios personalizados integrales de inserción, y calificado de fundamentales los programas de activación, los recursos dirigidos a la capacitación prelaboral adaptada a las necesidades no solo del mercado sino de las personas en exclusión.
Además ha solicitado que se incorpore al plan de empleo garantías de itinerarios personalizados, programas mixtos de formación y empleo, un marco vinculante de Responsabilidad Social Empresarial, garantías para los derechos laborales, ampliar la protección a trabajadores del ahogar y asegurar la reserva de contratos públicos a entidades sociales.
En vivienda la Red insta a intensificar medidas para el acceso a la misma de las personas vulnerables y para personas sin hogar que se revise la situación porque con la covid los albergues han educido camas y los usuarios aumentado la duración de sus estancias.
Otras demandas pasan por disponer de recursos específicos y seguros para colectivos como los de personas enfermas, jóvenes migrantes no acompañados o mujeres, ampliar la cobertura de mascarillas gratuitas, tratamientos y vacunas, y superar las "barreras de acceso al sistema sanitario".
A todo ello su compañera en la Red Elena Vizcay ha añadido la necesidad de garantizar la atención presencial en la administración, adecuar los medios al aumento de demanda del ingreso mínimo vital y la renta garantizada, y el desarrollo de la tercera fase de ésta.
Ha pedido asimismo el establecimiento de un suelo para la financiación vía 0,7% y una ley para el 0,7% en el Impuesto de Sociedades, ya que ahora las aportaciones en el IRPF no suponen una financiación estable.
Vizcay ha abogado igualmente por una historia social única, la actualización de la cartera de servicios sociales y coherencia en las prestaciones de garantía de ingresos, para lo que la Red plantea el traspaso a Navarra de las competencias del ingreso mínimo vital.
Una distribución equitativa de los recursos del sistema educativo, más plazas en FP y adelantar la resolución de becas para que las familias dispongan de dinero al inicio del curso, han sido otras peticiones.
Un paquete de demandas y propuestas que ha contado con el apoyo en líneas generales de todos los grupos parlamentarios.
