El Congreso aprueba la primera ley para mitigar el cambio climático en España

La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, dio luz verde -22 votos a favor, cinco en contra y diez abstenciones- al dictamen con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en España para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de legislatura de este Gobierno.

La futura ley fue apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, Teruel Existe y ERC; el Partido Popular y Más País se abstuvieron y Vox fue el único partido que votó en contra. La “falta de consenso, diálogo y de ambición climática de la futura ley”, referida por una gran mayoría de los partidos, planeó durante todo el debate, ante una norma que podría entrar en vigor este mismo abril, dada su tramitación urgente, y que ha contado con una gran cantidad de enmiendas, más de 750.

Entre sus objetivos, la futura norma, que cuenta con 36 artículos, parte con dos fechas clave para su desarrollo: una, 2030, cuando España deberá reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace ahora casi un año), y otra, 2050, año para alcanzar la neutralidad climática. En concreto, respecto a este último hito, la ley establece el año 2040 como el fin de la matriculación de vehículos de combustión, con el objetivo de alcanzar la neutralidad del parque móvil en 2050.

Los objetivos de la ley se fijan en el horizonte de 2030 la mencionada reducción de las emisiones de CO2 del 23%; una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42%; un 74% de renovables en el conjunto del sistema eléctrico y un objetivo de eficiencia energética del 39,5%.

Asimismo, prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obligará a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023, impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables -compatible con el cuidado del patrimonio natural-.

Los partidos que apoyan al Gobierno han consensuado con varios grupos parlamentarios entre ellos PP, ERC y Cs, crear, en el plazo de seis meses tras la aprobación de la norma, un grupo de expertos para analizar una reforma fiscal dirigida a plantear la fiscalidad verde. No obstante, los grupos han pactado que toda modificación en materia de fiscalidad verde irán “acompasadas con la situación económica”.

Durante debate, el PP fue muy crítico con una norma que tilda de “mala, perjudicial y sobre todo de desprecio a la España rural”.

Para el PSOE, la de ayer fue una jornada “histórica” por la aprobación de un texto climático que ha gozado de un “diálogo constante”, reflejado en la cantidad de enmiendas presentadas y que demuestran la “fuerte voluntad” para sacar una norma vital para el futuro.

EH Bildu, por su parte, destacó la necesidad de una normativa “más ambiciosa” en cuanto al volumen de emisiones, pero considera el texto aprobado necesario para salvaguardar “la pervivencia del planeta en estos tiempos de covid”.

Movimientos juveniles. Juventud por el Clima y Fridays for Future calificaron ayer la Ley de Cambio Climático como “decepcionante” y “falta de ambición”, por lo que seguirán sus movilizaciones. Reiteraron su cansancio al ver como se juega con el “presente y futuro” de la ciudadanía y señalan que la reducción de emisiones que propone el texto legislativo es del 23% respecto a niveles de 1990 cuando “la ciencia pide al menos una reducción del 7,6% anual” o un 55%, respecto a 1990. Agregan que la ley “parece sacada de hace 10 años”, llega tarde y “no está a la altura de la ciencia, la justicia social o la lucha climática”.

Energías renovables. Uno de los pilares de la norma es el aumento de las energías renovables. La ley propone que para el año 2050 España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable. El Gobierno fomentará la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable.

Veto a la extracción de hidrocarburos. A partir de la entrada en vigor de la norma, quedarán prohibidas las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en España, tanto en tierra como en el mar. El texto también veta explícitamente la técnica de la fractura hidráulica (fracking). La norma también establece que “no se otorgarán nuevos permisos de exploración, investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, de minerales radiactivos”.

Educación ambiental en las aulas. Según la ley, el sistema educativo español promoverá “la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático, reforzando el conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones, la capacitación para una actividad técnica y profesional baja en carbono y resiliente frente al cambio del clima y la adquisición de la necesaria responsabilidad personal y social”. Con este fin, la norma fija la obligación de revisar “el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de manera transversal”.

Conservación de la biodiversidad. El texto obliga a que, en tres años, el Ejecutivo presente una “estrategia específica de conservación de ecosistemas y especies sensibles al cambio climático como puedan ser los ecosistemas naturales y las especies de alta montaña, los humedales terrestres y las riberas de ríos”. Además, el despliegue de las renovables deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural y se protegerán los sumideros de carbono terrestres (bosques).