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César Layana Ilundáin/ Jefe de Documentación del Instituto de la Memoria, profesor y autor de 'Expolio y castigo'

César Layana Ilundáin: "Las mujeres fueron las verdaderas paganas de la represión económica del franquismo; tuvieron que salir adelante en condiciones terribles"

23.10.2021 | 18:14
César Layana, entrevista por la presentación de su nuevo libro "Expolio y castigo".

César Layana lleva una década investigando y documentando la represión económica en Navarra tras el golpe de Estado del 36 y que ahora recoge en su libro 'Expolio y Castigo'

César Layana Ilundáin estaba inmerso en una investigación de la época de la Guerra Civil cuando se topó con un fenómeno que le llamó la atención: la incautación de bienes por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Había muchos casos y esa fue la primera vez que tuvo constancia documental de la represión económica del franquismo en Navarra. De aquello hace ya una década, tiempo en el que ha indagado a fondo este asunto y ahora recoge en su libro Expolio y Castigo, una obra de más de 700 páginas en las que detalla los inicios de esta represión económica durante la guerra hasta su legalización unos años después. La investigación la ha realizado a la par que imparte clases en la UPNA y que sustenta la jefatura de Documentación del Instituto Navarro de la Memoria, y en ella afronta una de las aristas de la represión que se sufrió en la Comunidad Foral durante la dictadura, la económica, quizá menos conocida pero igualmente dura y que sumió a muchas familias en la miseria.

Se ha hablado mucho de los asesinatos y de la represión física durante el franquismo, lo más terrible, pero la económica también fue muy cruda y se sabe bastante poco, ¿no?

–Sí, se ha quedado más tapada por dos cuestiones: primero, porque se inició, no como represión casi, sino que al principio fueron directamente robos, rapiña, todo un apoderarse de los bienes de esas personas a las que se había asesinado, o que se iban a asesinar, y de sus familias. Hubo un ensañamiento en muchos casos. La represión es también un arma de poder muy importante y, entonces, el Estado franquista, que es muy jerárquico y que establece un mando único, enseguida ve que tiene que controlar también todos los resortes de la represión y también de la económica. Por eso se empieza a establecer unas jurisdicciones, un marco legal para dirigirlo.

Esos robos y esa rapiña se dan ya durante los años de guerra...

–Claro. De hecho, esto empieza el mismo 18 de julio del 36. Al día siguiente, el día 19, cuando se están organizando aquí las tropas y los voluntarios para ir a Madrid, se produce el asalto al local de Izquierda Republicana en la plaza del Castillo, que se va a quedar a manos de Falange. Y esa misma tarde se asaltan los locales de La Voz de Navarra en la calle Zapatería, que pasarán a ser de Arriba España. Y ese es un mensaje que se manda desde el principio: "Vamos contra las personas y contra las organizaciones". ¿Qué pasa con todo esto? Que es muy difícil de contabilizar, porque apenas hay rastro documental de todo esto. Solo quedan los testimonios y, a partir de ellos, hemos intentado establecer que tipo de ataques se produjeron.

¿De qué ataques estamos hablando?

–Estamos hablando de que iban a casa o al comercio de alguien, lo detenían y se llevaban todo lo que había ganado. A la semana siguiente volvían y lo mismo. Así hasta que al final esa familia se tiene que marchar del pueblo o buscarse la vida de alguna manera.

En el libro explica que tras esos primeros robos, llega la legalización de la represión económica con el Decreto de Incautación de Bienes...

–Claro, las incautaciones pasan a tener un procedimiento, que no quiere decir que los que pasaban por ahí tenían más garantías, y que lleva consigo una burocracia, por lo que esto se empieza a complicar para la Administración franquista, que era precaria y que no tenía medios suficientes y que hace que todo esto se va ralentizando mucho. El tema es que durante el proceso se embargaban los bienes, algo que era muy gravoso porque hubo gente que quedó absuelta y sin embargo había tenido sus bienes embargados durante un año o año y pico.

Con esto se buscaba arrebatar bienes y locales a organizaciones contrarias al régimen, ¿no?

–Lo que se dio en muchos pueblos es que esos locales se tomaron en alquiler y de hecho, una de las primeras cosas que va a hacer la comisión de incautación de bienes es abrir expediente a todos los que alquilaron los locales o organizaciones sindicales o políticas. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que incluso había propietarios que eran gente de derechas, que lo que pretendían era alquilar un local y sacarle un beneficio.

Después viene la ley de Responsabilidades Políticas...

–La ley de responsabilidades políticas es un poco el final de la normativización de la represión. Al decreto 108 de incautación de bienes le sigue esta ley, del año 39, cuando va a acabar la guerra. Entonces el mensaje es claro: aquí no va a haber ningún proceso de reconciliación, sino que se va a intentar depurar todas las responsabilidades, por pequeñas que sean. La ley, además, decía que por acción o por omisión, eso es muy importante. No era necesario haberse mostrado activamente como opositor al régimen. En Navarra, el Tribunal de Responsabilidades Políticas se dedica sobre todo a terminar lo que había dejado pendiente la Comisión de Incautación de Bienes y el principal cambio fue que este tribunal fue a por gente que, aunque fuera poco, pudiera pagar; fue muy selectivo.

¿Qué tipo de acusaciones se usaban como excusa?

–De todo tipo y algunas surrealistas: leer prensa de izquierdas, haber participado en los actos de proclamación de la República, por no ir a misa... en definitiva, por poner en entredicho los valores tradicionales y los del franquismo. Además, se iba contra gente corriente, sin ninguna relevancia y los actos de los que se les acusaban eran perfectamente legales en su momento. La mayoría de los que pasan por aquí son personas que son juzgadas por lo que eran, no por lo que habían hecho, porque la mayoría no eran militantes ni tenían cargos en ninguna organización.

¿Hubo zonas de Navarra más afectadas que otras?

–Pues es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en este trabajo. El mapa de la violencia física, de los asesinatos, y el mapa de la represión económica son bastante diferentes. El de los asesinatos se concentra sobre todo en las zonas donde hubo más conflictividad social: la Ribera estellesa, Ribera tudelana e incluso en la Zona Media; también en Pamplona. La montaña quedó más apartada en general, salvo excepciones. Pero con la represión económica el mapa es mucho más equilibrado porque se va contra la gente que se ha marchado al exilio, que ha huido pasajeramente, que ha pasado a la zona republicana... Es como una especie de represión de segunda vuelta, es decir, a todos los que se escaparon a la primera ola de represión.

En el libro destaca el 'caso Monzón', ¿qué ocurrió?

–El Tribunal abrió casi una veintena de expedientes en diferentes localidades a gente que en abril del 36 había firmado un manifiesto pidiendo la libertad del líder comunista Jesús Monzón que había sido detenido tras asaltar el Palacio de Diputación. Todos los que firmaron allí fueron expedientados, es el caso con más expedientes abiertos.

¿Cuántos expedientes se abrieron en Navarra?

Personas expedientadas fueron 1.086 y expedientes se tramitaron unos 800, hubo varios que fueron colectivos. Se produjeron entre 1937 y 1941, básicamente, y luego se alargó el proceso hasta los años 50, que es cuando se agota y se archivan muchos casos. Fue un proceso largo porque la gente tenía los bienes embargados hasta que terminasen de pagar las multas, que hubo algunas muy elevadas. Es lo que yo llamo el castigo interminable.

¿Cuál fue el objetivo principal de esta represión?

–Uno de los objetivos fundamentales de esto era extender el terror, paralizar cualquier tipo de disidencia, saber que por pequeño que fuera del acto te podía caer algo gordo. Y si a ti no te tocaba, el tocaba al vecino. Entonces, digamos que el objetivo máximo era paralizar todo tipo de resistencia y en eso se combinó con otras políticas represivas. El objetivo no fue tanto recaudatorio, de hecho recaudaron menos de lo que esperaban. Era la idea de castigar, de sentirte amenazado, de señalarte.

Muchas familias, además de con el dolor del asesinato o el encarcelamiento de un familiar, cargaron con el embargo de sus bienes...

–Sí. Aquí también hay una cosa importante. De las 1.086 personas expedientadas, solo 74 eran mujeres, algo que tiene que ver con lo que era la sociedad de la época. Pero, claro, precisamente por eso las mujeres fueron las verdaderas paganas de la represión económica, porque sus maridos habían sido asesinados o estaban en la cárcel o en el exilio y fueron ellas las que tuvieron que tirar adelante con la familia en condiciones terribles y, como hemos visto, en muchos casos con el embargo de sus bienes. Las mujeres se intentaron defender y aquí hay unos testimonios que son para mí tremendos y que muestran la fuerza que tuvieron estas mujeres para seguir defendiendo lo que era suyo hasta el último momento. Pero esto fue una preocupación de la gente que tenía bienes, quienes no tenían se declararon insolventes.

En el libro habla de la contribución de "personas corrientes" a esta represión.

Sí, no eran denuncias directas de particulares, de esas hay muy pocas. Pero en los informes de la Guardia Civil o de los curas, siempre hay unas muletillas que se repiten mucho: "según gentes de toda confianza", "gente de toda solvencia" o "de fuera de toda duda". Hay algún caso en el que se sospecha que esa denuncia se hacía por competencia comercial o por venganza, pero no fueron muchas. Sobre todo se señaló a la gente por su compromiso político y social.

¿Quién se benefició de todo esto?

–Esa es la parte a la que este libro no llega, porque esos beneficios no fueron a través de esta vía. Yo creo que ese es uno de los retos que quedan pendientes por hacer, porque esto diríamos que es la punta del iceberg de todo lo que hay, pero que en este libro falta toda esa dimensión. Al final, los recursos económicos estuvieron en manos de los que fueron leales al movimiento.

¿Cómo afectó esta represión a la sociedad navarra en general?

–Evidentemente han sido muchas décadas de un modelo de extracción que estuvo en manos de quienes fueron leales al franquismo. Y los que sufrieron la represión económica al final tuvieron que buscarse la vida de mil formas, gente que no pudo seguir estudiando. Yo creo que aquí lo que se ve es la tragedia de cientos de familias por haberse situado de una manera que no se consideraba aceptable.

En su investigación también detalla los ataques que sufrió cada organización, ¿qué colectivo fue el más represaliado?

–La mayoría de expedientes se abrieron a gente relacionada con la UGT, que también era la fuerza mayoritaria de la izquierda en el corazón de la República. También hay un bloque importante de gentes de los partidos republicanos de izquierdas como Izquierda Republicana. Y luego, ya en menor medida, nacionalistas, anarquistas, comunistas e incluso gentes de derechas como los dueños de locales que habían sido alquilados. Luego hay un grupo muy numeroso que se define con el término genérico izquierdista. Yo creo que en muchos casos ponían eso porque ni siquiera tenían una afiliación política, gente que no era militante.

Esta represión, que también se habría dado en otras comunidades, ¿tiene alguna particularidad en Navarra?

–Este tipo de represión también se dio en otras comunidades, aunque no están todas estudiadas. Hay bastante documentación en Galicia, Aragón y Andalucía, pero faltan muchos sitios todavía por conocer. Pero de lo que yo he visto, Navarra sí que destaca en una cosa: en el volumen de expedientes con condena. En otros sitios, sobre todo al final de la guerra, se agregaron muchísimos expedientes. ¿Qué ocurrió? que el colapso administrativo llegó enseguida y muchos de esos expedientes se terminaron sobreseyendo. En Navarra no tanto, por lo que tiene el porcentaje de condenas más alto. Más del 80% de los expedientados fueron condenados. De hecho, en Navarra hubo más condenados que en Madrid, en números absolutos. Además, en general las sanciones también fueron más duras en Navarra; hubo multas muy importantes.

¿Por qué hubo más condenas en Navarra?

–Aquí se hizo una primera limpieza en los primeros años y después se fue a por los sectores que se habían escapado a la primera ola de represión. Entonces en Navarra fue muy selectivo, se fue a por las personas que se sabía que podían pagar.

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