pamplona. La constructora Azysa (Azpíroz y Saralegui) presentó el pasado viernes un expediente de regulación de empleo de suspensión temporal para el 54,5% de la plantilla, informaron fuentes consultadas por este periódico. Actualmente, la empresa está compuesta por 121 empleados de los que 66 están afectados por la medida. La compañía ha planteado la suspensión de contratos a estos asalariados durante 180 días de forma ininterrumpida, entre los que se encuentran personal de obra, técnicos y oficinas, detallaron estas fuentes. La constructora, con sede en Zizur Mayor, pretende iniciar la medida una vez concluya el periodo de consultas. De esta forma, los 66 empleados estarán regulados durante los próximos seis meses, por lo menos hasta abril. El ERE también se extiende a los trabajadores que tienen en el almacén de Lekunberri.

La dirección y el comité, compuesto por delegados de ELA y UGT, iniciarán esta semana la negociación del expediente, que se ha presentado por causas organizativas, productivas y económicas, detallaron estas fuentes. La constructora, originaria de Lekunberri y con tres décadas de experiencia en el sector, se dedica a la obra civil, edificación y conservación de carreteras en la Comunidad. "Esta empresa, a diferencia de otras en la construcción, ha diversificado su actividad", recalcaron las fuentes consultadas por este periódico. De esta forma, entre los muchos proyectos que ha desarrollado Azysa, se encuentra la urbanización de Erripagaña, el Centro Penitenciario de Pamplona, la Autovía del Camino a su paso por la localidad de Zizur Mayor, las instalaciones deportivas de San Juan y la actual Estación de Autobuses de Pamplona. Además, dentro de sus actividades, Azysa también desempeña labores de concesión.

en arian, concluye mañana Por su parte, el periodo de consultas del expediente de extinción en Arian concluye mañana, y todavía la negociación se encuentra en el aire. La constructora anunció a principios de octubre su intención de despedir a 117 empleados, el 50% de la plantilla, por un descenso de la actividad y de la facturación. Un ERE que se plantea cuando casi el 90% de los 230 empleados se encuentran regulados con la totalidad de su jornada desde el pasado mes de abril.