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Rajoy da luz verde a los despidos colectivos en la Administración

Afectarán a personal laboral y se justificarán simplemente bajando los presupuestos un 5%La nueva norma, en vigor desde hoy, no afecta a los funcionarios, mientras los trabajadores fijos tendrán prioridad para quedarse

Rajoy da luz verde a los despidos colectivos en la AdministraciónEfe

pamplona. Así lo fija el real decreto ley 1483/2012, que publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que recoge el nuevo reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada. De acuerdo con el texto, los funcionarios quedan excluidos de los despidos colectivos, mientras que el personal laboral fijo que hubiera adquirido esa condición a través de un proceso tendrán "prioridad de permanencia" para seguir en su puesto.

Las regulaciones de empleo aplicables en las administraciones públicas podrán justificarse en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tal y como están previstas en el sector privado. Se entenderá por causas económicas una "insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes".

A esta situación se puede llegar por dos vías: porque en el ejercicio anterior la administración pública en la que se integra el departamento afectado hubiera presentado una situación de déficit presupuestario y porque los créditos, transferencias o aportaciones patrimoniales se hayan minorado en 5% en el ejercicio corriente o un 7% en los dos anteriores.

Para ello se tendrán en cuenta las minoraciones efectuadas en el presupuesto inicial y las realizadas en fase de ejecución presupuestaria.

El procedimiento del despido colectivo se iniciará con una comunicación por escrito a los representantes de los trabajadores, a la autoridad laboral y al órgano competente en materia de función pública. Será un despido colectivo si la medida afecta a diez trabajadores de un departamento de menos de cien empleados, al 10% de la plantilla de un organismo de entre 100 y 300 asalariados, y a 30 personas de una entidad que emplee a más de 300.

Entre la documentación a aportar por el empleador estará la causa alegada para el despido y su relación con los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.