PAMPLONA. En el caso de que el delito no revista "especial gravedad" a tenor del importe defraudado, los medios empleados y las circunstancias personales del autor, sugiere la nueva modificación penal, la pena será económica y el defraudador perderá la posibilidad de obtener subvenciones además del derecho a gozar de los beneficios fiscales de la Seguridad Social durante un periodo de tres a seis años.

La medida, que afecta tanto a los trabajadores como a los empresarios, es previsible que tenga una "repercusión social enorme", vaticinan en el Ministerio de Empleo, que sin embargo confía en el "carácter disuasorio" de la norma para tratar de reducir un agujero ilegal por el que cada año se pierden cientos de millones de euros. Según diversos estudios no oficiales la tasa de fraude del país giraría en estos momentos en torno al 23%, casi el triple que en países como Alemania o Francia (8%). Uno de cada cuatro euros que circulan en el Estado sería dinero negro. Y en cuanto a sectores más calientes, serían especialmente los de la construcción y las chapuzas (electricidad, fontanería o mecánica) donde profesionales y clientes tratarían de evadir el pago del IVA. En este contexto, el PP parece decidido a plantar batalla al fraude. O, al menos, a maquillar sus actuaciones en este campo, casi siempre criticadas desde GESTHA, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que históricamente ha cuestionado el carácter "demasiado tolerante" con los defraudadores.

fanfarronadas En este contexto cada vez más coercitivo, es plausible que expresiones públicas, y hasta ahora casi siempre impunes, como las del ciudadano que se congratula de estafar a la Seguridad Social a través del paro y el dinero en B que no declara, parecen tener los días contados. A partir de ahora y en virtud de esta modificación penal, este tipo de situaciones serán constitutivas de delito -valdrán como prueba- en el artículo 307 del Código Penal, con la consiguiente pena anteriormente citada o con una multa económica proporcional a lo defraudado.

También el empresariado será investigado con lupa, especialmente la correlación de contratos que suscriba en su compañía. A partir de ahora, quien simule un contrato para beneficiar a un familiar o un amigo para completar el periodo que le resta para acceder a la prestación por desempleo o a una pensión, será igualmente perseguido. Hasta ahora este tipo de fraudes eran sancionados, en el caso de las empresas, con multas a partir de los 10.000 euros, mientras que en el caso de los trabajadores el castigo era la pérdida de la prestación por desempleo. A partir de ahora estas situaciones pueden ser constitutivas de delito, lo que supone que empresa o trabajador pueden acarrear con antecedentes penales o un ingreso en prisión, si es que fuera reincidente.