Pamplona - ELA se teme lo peor. En resumen: una nueva reforma laboral que, vendida como una corrección, deje sin contenido la negociación en los convenios provinciales, donde la relación de fuerzas entre los sindicatos se encuentra más equilibrada. “Un 155 sindical”, explicó ELA, porque “desde Madrid, UGT y CCOO decidirán qué se puede negociar y qué no en los ámbitos inferiores al convenio estatal, que hasta el año 2011 funcionaba como un suelo”.

Por ello, el sindicato ELA plantea, de cara a la modificación de la reforma laboral, que la negociación sectorial provincial o, en su caso, autonómica, tenga prioridad aplicativa respecto a la negociación de empresa, salvo que ésta mejore las condiciones y ha reclamado a los grupos políticos y, sobre todo, al PNV y EH Bildu, que defiendan esta posición y “que bloqueen cambios que puedan suponer un mantenimiento de la estatalización”. El responsable de Negociación Colectiva del sindicato, Peio Igeregi, y la encargada de los servicios jurídicos de ELA, Amaia Aierbe, desgranaron ayer su propuesta de reforma que ya han trasladado a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio y a distintos grupos (PSOE, Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu)

En ella, ELA defiende que la estructura de la negociación colectiva debe responder a dos principios, el de mejora de condiciones de trabajo y el del sistema democrático, para que no haya ámbitos de negociación generales que “impidan la negociación a las mayorías representativas de otros ámbitos”. En este sentido, sus propuestas son que la negociación sectorial provincial o, en su caso, autónomica, tenga prioridad aplicativa respecto a la negociación de empresa, salvo que la negociación de empresa mejore las condiciones del convenio sectorial. En definitiva, reclama que cualquier ámbito inferior pueda mejorar un convenio.

Además, propone que los acuerdos interprofesionales prevalezcan sobre un acuerdo sectorial y el acuerdo autonómico, frente al estatal. Su planteamiento también contempla la desaparición de las materias reservadas al Estado para negociación del artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores, “sobre todo, la referida a jornada máxima anual y que se pueda abrir un ámbito de negociación en cualquier momento”.

Asimismo, defiende que el descuelgue del convenio debe ser “acordado en todos los casos” y que las empresas no tengan opción de aplicar modificaciones sustanciales de las condiciones para dejar de aplicar pactos suscritos por sindicatos y empresas. A estas peticiones une la de la desaparición del arbitraje obligatorio.

Los representantes de ELA analizaron las reformas laborales de 2010 y 2011 del Gobierno Zapatero y la de 2012 del Ejecutivo de Rajoy, que, a su juicio, deberían ser totalmente derogadas, y subrayaron que el objetivo era la devaluación de las condiciones laborales y, en concreto, la salarial para lograr “una mano de obra barata”. De este modo, la reforma laboral de Zapatero en 2011 ya dio prioridad normativa al convenio estatal, si bien “apenas hubo tiempo para desarrollar” un cambio que fue profundizado una vez que el PP obtuvo su mayoría absoluta. En 2012 y en lo más profundo de la crisis, la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy estableció la prioridad normativa del convenio de empresa. El sindicato explicó que el desarrollo de toda esta regulación ha derivado en que la negociación provincial pueda quedar “en vía muerta” y abocada “a la desaparición” si no se revierte la situación. - D.N.

Acuerdo en ciernes. ELA señaló que el PSOE ya ha llegado a un acuerdo con CCOO y UGT, en concreto, para eliminar la prevalencia del convenio de empresa pero “sin modificar ninguna otra cuestión”. Esto dejarían en manos de los tribunales la prevalencia de uno u otro ámbito.

Democracia. ELA entiende que los acuerdos que afectan a las condiciones de los trabajadores deben negociarse en el ámbito en que la representación sindical se ajusta en mayor medida a la realidad de cada territorio.

Derecho a la huelga. Si se impone el convenio estatal ELA recuerda que no habría opción de hacer huelga para mejorarlo localmente porque podría ser declarada ilegal.