Pamplona - La Audiencia Provincial de Navarra juzgará, previsiblemente después del verano, a ocho acusados por la quiebra de Construcciones Flores por los delitos de insolvencia punible, estafa agravada, societario, alzamiento de bienes y apropiación indebida.
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha decretado la apertura de juicio oral. El auto, contra el que no cabe recurso, ratifica las medidas cautelares adoptadas durante la causa y requiere a los acusados que, en el plazo de un día desde que se lo notifiquen, presenten una fianza de 7.186.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse. En el caso de que no presentara esa cifra se procederá al embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
En junio de 2017, la juez dictó una resolución en la que apreciaba indicios de delitos societarios y de alzamiento de bienes en la quiebra de la empresa Construcciones Juan Bautista Flores, una de las más importantes en su momento del sector en Navarra. En ella consideraba que la presidenta de la empresa Conchita Flores junto con el administrador de European Credit, José Miguel Artiles, perteneciente al grupo Bandemia, idearon “una estrategia” para permitir a la primera poner a salvo de los acreedores el patrimonio de la constructora y al segundo enriquecerse a costa de ese patrimonio y en detrimento de estos.
Además, la magistrada veía indicios de delito en la actuación de otros seis personas que también han sido investigadas vinculadas a las referidas empresas. Ahora ha determinado la apertura de juicio oral contra los ocho investigados. El auto contempla el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y tres acusaciones personadas.
El Ministerio Fiscal ha presentado escrito de acusación contra Conchita Flores y José Miguel Artiles, en calidad de acusados, y Abelardo Guil, como colaborador necesario, por un delito continuado de insolvencia punible por el que pide penas de cuatro años y seis meses de prisión para los dos primeros, y cuatro años y dos meses para el tercero. Además, plantea el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a los otros cinco investigados al considerar que “no existe prueba de la existencia de participación dolosa en los hechos”. En este caso se refiere a Alfonso Arroyo, Jerónimo Camacho, Antonio Larrea, Juan Manuel Rojas y José Luis Sánchez.
Por su parte, las acusaciones personadas en el caso formulan acusaciones, en algunos casos contra todos ellos, por delitos de insolvencia punible, estafa agravada, societario, alzamiento de bienes y apropiación indebida y peticiones de cárcel, que en alguno de los delitos llegan a los seis años de prisión. - D.N./Efe
