pamplona - Aguas de Navarra, compuesta en un 65% por la constructora OHL y en un 35% por Agbar, ha incumplido los plazos para concluir las obras de una zona regable de Peralta consistentes en conectar 1.266 hectáreas al Canal (1.000,72 de riego a presión y 265,90 de riego por gravedad). La fecha marcada era principios de abril, pero en una reunión mantenida la semana pasada entre los agentes implicados en la infraestructura y los regantes afectados, la concesionaria de la ampliación de la primera fase señaló que ante la falta de liquidez tenía que esperar a los abonos del Gobierno de Navarra, correspondientes al incremento del coste del proyecto por las modificaciones que se han tenido que realizar, que ascienden a unos diez millones, informaron fuentes de la Administración.
La consejera de Desarrollo Rural en funciones, Isabel Elizalde, compareció ayer tras la sesión de Gobierno para reiterar que “la falta de liquidez o de financiación de la concesionaria es una cuestión de responsabilidad exclusiva de la empresa, tal y como ocurre en todo contrato de obras”, y que no resulta “lícito pretender trasladar esta responsabilidad a la Administración, vinculando esa falta de liquidez a la situación administrativa de los expedientes y, mucho menos, usar esta situación para conseguir ventajas económicas adicionales a las recogidas en el contrato”. Elizalde reiteró que “la sociedad concesionaria no está respetando los plazos de ejecución del ramal en Arga 4 -la zona regable de Peralta- y del resto de obras del sector”. Aguas de Navarra alegó también problemas económicos como causa para no conectar el pasado 3 de abril Funes con el Canal.
“la banca facilitaba financiar” Desarrollo Rural contó, por medio de una nota, que el 26 de marzo -ocho días antes de que la concesionaria tuviera que cumplir con el plazo de concluir la construcción de la tubería hasta Funes- hubo una reunión en Madrid en la sede de las entidades financieras del contrato. A petición de los representantes del Gobierno de Navarra, las entidades financieras “manifestaron que no tendrían inconveniente en facilitar la financiación necesaria para la ejecución de las obras del Sector 22, referente a Arga 4”. En esta reunión estuvieron presentes Aguas de Navarra y representantes del Ejecutivo foral.
Sin embargo, la concesionaria no cumplió con la fecha marcada para concluir la obra en Funes, porque reiteraba que carecía del dinero para ello. Así, una vez que el Gobierno facilitó un pago de acuerdo a su calendario, Aguas de Navarra inició el mes pasado la construcción de los últimos 150 metros de tubería del Canal para que llegara el agua hasta las parcelas de Funes.
Elizalde anunció ayer que la próxima semana los agricultores de esta zona podrán regar con agua del embalse de Itoiz. Según la información remitida a la empresa pública Intia por la concesionaria, en la que Francisco Iribarren ostenta la gerencia, los próximos días se harán las pruebas de llenado y presión del ramal en Arga 4, para, posteriormente, iniciar el desmontaje del sistema de bombeo provisional utilizado para posibilitar el riego en Arga 5 -Funes- desde la campaña de riego pasada. Fuentes del departamento indicaron que “estos agricultores han hecho las primeras plantaciones de hortalizas con esta solución transitoria, y que a partir de ahora regarán del Canal”.
“rebaja temeraria y modificaciones” Elizalde reiteró que “el principal problema de la concesionaria es la rebaja del precio del 39,9% que realizó para su adjudicación y la tremenda indefinición del proyecto redactado en la legislatura anterior, que ha obligado a tramitar administrativamente las múltiples modificaciones” con sus correspondientes incrementos presupuestarios. Actualmente, se está fiscalizando el traslado al Plan Económico Financiero de los expedientes de convalidación de modificaciones en la ampliación de la primera fase -del que depende que el Gobierno pague a la concesionaria unos diez millones-, y la sociedad concedente está reelaborando las fechas y plazos de ejecución del ramal del Ega.
Elizalde volvió a recordar que la normativa exige que el contrato con la concesionaria no puede sobrepasar el 20% del precio de adjudicación -389 millones-. Hasta ahora las modificaciones han elevado el coste inicial un 13,99%, hasta los 443 millones. Queda un margen de un 6% -unos 26 millones-, ahora el Gobierno debe tener en cuenta si con las últimas modificaciones realizadas -incluido el ramal del Ega- se supera el 20%. Si esto fuera así, se estaría en un escenario de “resolución del contrato”, recordó Elizalde. Por ese motivo, Desarrollo Rural debe evaluar si las modificaciones del ramal del Ega se tienen que incluir o no en este contrato.
Por otro lado, posiblemente en breve Canasa convocará a su consejo de administración para analizar el informe ya corregido de las alternativas para llevar agua a la Ribera. De esta forma, fuentes consultadas por este periódico, insistieron en que puede que en septiembre se conozca la solución para la segunda fase del Canal de Navarra.
supuestas comisiones ilegales
38,5 millones. Mariano Javier Peláez Toré, un directivo de OHL que declaró ayer como investigado en el caso de las supuestas comisiones ilegales que se cree que pagó esta empresa a cambio de obra pública, aseguró que no reconoce su voz en las grabaciones que realizó el que fuera su jefe, Paulino Hernández. El hallazgo casual de esos audios en un registro del caso Lezo en las oficinas de OHL, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está imputado por un supuesto pago de 1,4 millones al expresidente madrileño Ignacio González, dio lugar a la apertura de esta pieza, en la que, estando aún secreta, declaró Hernández y admitió la autoría de las grabaciones. Se investigan los presuntos cohechos que la multinacional pagó entre 2003 y 2014 para, supuestamente, beneficiarse de amaños en adjudicaciones. El informe elaborado por la UCO en el que se sustenta esta causa concluye que el importe total pagado por OHL ascendería a 38,5 millones. - Efe
