madrid - España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros anuales en políticas activas de empleo, según el último estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que denuncia “claras deficiencias” y pide una mejor medición de resultados para hacerlas más eficaces.

En la presentación del informe revisión del integral gasto público (Spending Review) en políticas de empleo, la Airef advirtió de la dificultad tanto de evaluar de forma completa los resultados y la eficacia de las distintas políticas, así como de determinar con exactitud la cuantía del gasto y su distribución.

“Los datos suministrados han sido insuficientes y de una calidad mejorable”, apuntan desde la entidad, que ha contado para este estudio con información del Servicio Público de Empleo (SEPE) y de las Comunidades Autónomas y entes locales del año 2017.

Los políticas activas de empleo se financian desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que luego transfiere partidas a las comunidades y entes locales encargados de su gestión y que aplican distintos criterios contables.

“Todo ello articula un complejo mapa de financiación (...) La trazabilidad del gasto es insuficiente y los criterios contables no están normalizados”, subrayan.

Junto a esto, la Airef también ha encontrado dificultades para poder evaluar de forma completa la eficacia de todas las políticas de ayudas y formación existentes.

La entidad ha optado así por la evaluación del programa estatal Programa de Recualificación Profesional (Prepara) y de un servicio de Aragón con “buenos indicadores de calidad”.

En el caso del Prepara indica que, con un coste de 1.432 millones entre 2012 y 2017 y más de 850.000 beneficiarios, “no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral durante los 6 meses que dura la prestación”.

Y ante esto, la primera propuesta de la Autoridad Fiscal es que las comunidades autónomas “realicen evaluaciones de eficiencia y coste-eficacia” de forma periódica y “siguiendo una metodología homogénea y criterios comunes”, para lo que ha editado una guía práctica.

programas eficaces Con esta información, añade, se podrán identificar los programas servicios e itinerarios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, la Autoridad Fiscal ve “bastante cuestionable” el sistema de subvenciones para formación, ya que al ser sin ánimo de lucro el proceso de gestión se caracteriza porque hay que acreditar ingresos, facturas y beneficios, que deben ir retornando a la Administración, pero si hay pérdidas lo asume el centro de formación.

Esto, asegura la AIReF, podría causar “incrementos artificiales” en el volumen o el importe de las facturas que se adjuntan, aunque se audita, y en conjunto genera “lentitud”. La dificultad para estimar el gasto real de las PAE es a su vez el reflejo de la complejidad administrativa del sistema y de elevada “atomización” en la prestación de servicios, apunta el informe, que muestra que existen 709 oficinas de empleo, 22 centros de referencia de formación, 164 centros integrados de Formación Profesional y 14.000 centros habilitados.

En cuanto a la financiación de las PAE, concluye que no se puede saber exactamente el gasto destinado a estas políticas y alerta sobre la falta de una “adecuada coordinación” entre el SEPE y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial.

Asimismo, plantea crear una especie de “ventanilla única” en la que los ciudadanos puedan solicitar ayudas o prestaciones sociales y acceder a políticas activas de empleo.

El estudio incluye una medición de la eficacia de los servicios públicos de empleo por Comunidades Autónomas que sitúa a Asturias, Aragón y Catalunya a la cabeza. - Efe/E.P.

La Airef insta a incorporar la evaluación como práctica habitual. En cuanto a propuestas, la Airef insta a incorporar la evaluación como práctica habitual para poder tomar decisiones “basadas en la eficiencia” y poner el foco en la eficacia de las PAE para que la orientación y la formación mejoren la empleabilidad de los individuos.

40%

La AIReF destaca en el informe que del total del gasto en España, el 40% se destina a incentivos a la contratación, muy por encima del de otro países, como Alemania o Finlandia, que han puesto como modelos de gestión más eficaz de estas políticas.