Es la hora de dar forma a los presupuestos del año que viene. Lo hace el Ministerio de Hacienda y también comunidades autónomas. Y por supuesto se encuentra ya en ello Navarra, que no se plantea “de momento”, aplicar una congelación salarial a los más de 30.000 trabajadores de su sector público. Una medida que, según confirmaba ayer mismo el Gobierno central, va a ser estudiada en los próximos días.
No parece, sin embargo, que este asunto se encuentre en la agenda del Gobierno Foral. Así lo explicó hace solo unas semanas María Chivite, al ser preguntada por ello en este periódico, y así lo aseguraban ayer mismo desde Hacienda foral, que afronta el mayor hundimiento de ingresos de la historia reciente y que parte además de una baja capacidad recaudatoria: Navarra ingresa en torno a un 20% menos que la media de Unión Europea. “Este asunto de momento no está en los planes del día”, explicaban ayer, mientras María Chivite reiteraba en el Parlamento de Navarra que no habrá recortes.
Desde Madrid, sin embargo, comienza a sonar con más fuerza una posible congelación de las nóminas públicas, tal y como adelantaba en su edición de ayer El País y como confirmaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno estaría contemplando esta medida urgido por la caída en la recaudación fiscal y aprovechando el hecho de que los precios se encuentran contenidos y podrían acabar el ejercicio incluso en tasas negativas. Una congelación salarial, que en Navarra evitaría un incremento de gasto cercano a los 30 millones de euros, no supondría de este modo una pérdida de poder adquisitivo para este colectivo, que ya vio hace diez años cómo sus salarios eran rebajados en mitad de la crisis.
“Tendremos que estudiar todas las posibilidades. El país se enfrenta a una situación económica muy complicada, derivada de una caída de la recaudación”, dijo Montero, quien recordó que “son muchas las necesidades; y los recursos, limitados”. En la misma línea se expresaba ayer la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, quien recordaba que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y además el escenario de inflación es cero, consideraciones que se deberán tener en cuenta en una hipotética congelación de sus sueldos en 2021.
En Navarra el discurso oficial sigue siendo más optimista y parece fiar a un incremento de la deuda y no tanto a una política más restrictiva la cuadratura de las cuentas no solo de 2020, sino también en 2021, cuando la se prevé una recuperación económica relativamente intensa, aunque insuficiente para compensar la caída de este año. Así, está previsto emitir deuda por valor de al menos 331 millones de euros, una cifra que podría ser superior si el Estado autoriza finalmente a la Comunidad Foral al endeudarse al mismo nivel que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca. Todo dependerá, entre otras cuestiones, de la evolución final de los ingresos tributarios.
El Gobierno preveía inicialmente una caída superior a los 800 millones de euros, que se vería acompañada además de un aumento del gasto, pero la buena evolución del empleo en la Comunidad Foral en julio y agosto estaría ayudando a contener la caída de los ingresos vía IRPF y podría dejarse notar. En todo caso, el peso de las nóminas de los funcionarios en el Presupuesto de Navarra, que se situaba por debajo del 30% a comienzos de siglo ronda estos años el 35%, limitando la capacidad inversora.
26%
En la última década el gasto de personal ha crecido un 26% en Navarra: 303 millones.
20%
Navarra recaudaría un 20% si tuviese una presión fiscal similar a la media europea.
Desde Madrid. La posibilidad de que los salarios de más de tres millones de funcionarios públicos se congelen en 2021, sobre la que el Gobierno aún no se ha manifestado claramente, recibió ayer el rechazo frontal de los sindicatos, que advierten de que estos trabajadores acumulan una amplia pérdida de poder adquisitivo desde hace años. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se apresuró ha mostrar su rechazo frontal a la congelación y reclamó un acuerdo de mejora de las condiciones laborales de todos los empleados públicos. En el mismo sentido, CCOO rechazó tal opción y también ha exigido al Gobierno que abra de manera inmediata la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo, así como una negociación real de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021. Por su parte, ELA cifró en un 13% la pérdida de poder adquisitivo en la última década, rechazó una congelación y criticó que el Gobierno central no responda a sus preguntas.
