- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, afirmó ayer que las comunidades autónomas podrían gestionar “tranquilamente” el fondo de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de euros para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio. El requisito imprescindible que sí que desea fijar el Gobierno es que las partidas, que irán dirigidas a empresas que justifiquen una bajada de sus ingresos del 30% a raíz de la pandemia, se utilicen para cubrir gastos fijos y reducir la deuda.

Iceta comentó que la gestión por parte de las comunidades e incluso administraciones locales, “no debería molestar a nadie”. Así lo sostuvo en una entrevista en RNE tras ser preguntado sobre la polémica que gira en torno a esta cuestión que se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el viernes y, en concreto, sobre si defiende que las autonomías gestionen parte del fondo.

“Pueden hacerlo tranquilamente”, aseguró Iceta, al tiempo que reconoció que, en este caso, tiene “una visión que quizá no coincide con otros muchos” y “que es que las comunidades son estado y los municipios son estado”.

“Por lo tanto, a nadie debería molestar si acordamos una política y decidimos que se gestione con la participación de las comunidades pues es lo normal y, a veces, de los propios ayuntamientos en algunos casos”, añadió el ministro.

En esta línea, recordó que en el tema de los fondos europeos el Gobierno está intentando promover “que una buena parte” se gestionen con participación directa de municipios y autonomías “porque se entiende que conocen mejor su territorio y, por lo tanto, pueden garantizar el buen fin de los fondos”.

Iceta concluyó que al Gobierno le preocupa que el fondo llegue a empresas que sean viables. “Imagínese que usted ayuda a una empresa y ese dinero solo sirve para pagar las indemnizaciones de despido de los trabajadores”, ejemplificó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perfiló anoche con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y las ministras económicas Nadia Calviño y María Jesús Montero los detalles del real decreto ley de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas, que será aprobado mañana en un Consejo de Ministros extraordinario.

Fuentes de Moncloa señalaron que ante un decreto ley “complicado” las ministras económicas de la rama socialista del Gobierno se reunieron con el presidente del Ejecutivo para ultimar las medidas y han negado que haya habido discrepancias con los socios de coalición.

De hecho ven lógico que Unidas Podemos quiera plantear sus propuestas ante la relevancia de este Real Decreto Ley que contemplará unas ayudas de 11.000 millones de euros e incluirá la prórroga de la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, cuyo plazo expiraba el domingo 14 de marzo.

La nueva norma, que necesitará la convalidación en el Congreso, “tiene que cruzar muchísimas variables” vinculadas con la reestructuración de deudas de empresas o con la banca y por ello una buena parte del Ejecutivo ha trabajado intensamente el fin de semana. Anoche se produjo una reunión entre Sánchez, Calvo, Calviño y Montero donde se apuntaron los últimos detalles. La ministra de Hacienda señaló ayer que el retraso para la aprobación de este decreto ley se debe “solo y exclusivamente a cuestiones técnicas” y no a discrepancias con Unidas Podemos.

Exige un mayor peso de los gastos fijos en la concesión de las partidas. A pesar de las diferencias con el PSOE,Podemos no ve la ley de concesión de 11.000 millones de ayuda a las comunidades autónomas para ayudar a empresas de hostelería, comercio y turismo como línea roja ya que recuerdan que no consta en los acuerdos del Gobierno de coalición como sí aparece la Ley de Vivienda, que necesariamente advierten de que tiene que salir adelante con su propuesta de regular los alquileres. El partido que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cree que la verdadera discusión en torno al paquete de ayudas y a la proporción que deben ser directas está dentro del propio PSOE. La mayor parte de los partidos políticos reclaman que la mayoría de los 11.000 millones de euros de ayudas a las empresas de hostelería, pequeño comercio y turismo sean directas y la formación morada ha llegado a cifrarlas en al menos 8.000 millones de euros, más de lo que propone el PSOE.