El alto precio del gas es el principal problema en la actual crisis energética para el sector, que además considera que se debe actuar ya para frenar la especulación que hay. Así lo expusieron durante el VII Foro de Energía de El Economista varios responsables de las energéticas más importantes del Estado. Al respecto, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el de Endesa, José Bogas, se mostraron a favor de una de las medidas que ya se ha tomado en España y que se valora adoptar también a nivel europeo, el tope al gas, de forma temporal y como respuesta a una situación excepcional.

Para el directivo de la petrolera, esta medida es “razonable” en un mercado regulado y en un momento en el que el precio del gas sube y el resto de fuentes de energía tienen buenas rentabilidades, con el objetivo de que los consumidores puedan pagar precios más bajos. Por su parte, Bogas calificó esta medida de “acertada”, si bien puso pegas respecto a cómo se reparte o en la definición de cliente beneficiado, pero en cualquier caso celebró que los precios en el mercado mayorista hayan caído en casi un 50%, porcentaje que en la práctica cae al 10% o 15% por la compensación a las centrales que generan electricidad con gas y que se carga a los beneficiados.

Bogas aseguró que España “ha estado muy activa en tratar de dar soluciones a los problemas de los precios energéticos”, aunque no los haya podido solucionar debido a los problemas estructurales a largo plazo. El consejero delegado de Endesa se mostró convencido de que la actual crisis energética comenzó antes de la invasión de Ucrania, por la actuación de Rusia el año previo a su intervención armada, cuando iba reduciendo el envío de gas a Europa y preparando así el terreno.

Impuesto

En cuanto al impuesto aprobado por el Gobierno para gravar los supuestos beneficios extraordinarios de las energéticas en los ejercicios 2022 y 2023, Josu Jon Imaz se refirió al mismo como el impuesto “de las tres mentiras”. En primer lugar señaló que no es un impuesto, sino una prestación patrimonial, llamada así para evitar que sea un gravamen ilegal al tener doble imposición. También apuntó que no es sobre beneficios, sino sobre las ventas. Y la tercera “mentira” sería que no es sobre un elemento extraordinario. En este punto, aludió a que el negocio de Repsol es cíclico y que “a veces se gana y a veces se pierde”.

Así, argumentó que entre 2019 y 2020 la empresa perdió 7.100 millones de euros por causas coyunturales y que, actualmente, si se tienen en cuenta los últimos años, la compañía seguiría perdiendo dinero de forma acumulada.

De su lado, Bogas negó que en la actividad eléctrica haya beneficios extraordinarios y apuntó que “no tiene ningún sentido” que se graven los ingresos. “Me parece bien que si hay beneficios extraordinarios se haga una contribución, pero si no los hay, que además sea gravamen a ingresos, no es la solución. La solución es acelerar la transición ecológica, con renovables, electrificando la economía y reforzando la red de distribución”, añadió Bogas. Por su parte, la consejera delegada de Engie España, Loreto Ordóñez, también defendió que su compañía no obtiene beneficios caídos del cielo debido a la coyuntura energética actual, dado que la energía de sus proyectos “se vende antes” y, por tanto, “no aprovecha la volatilidad de los mercados”.

“Lo podemos demostrar en las cuentas”, subrayó. En la misma línea se manifestaron el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, o el presidente de BP en España, Andrés Guevara. Respecto a la actual situación de los precios energéticos, Imaz reiteró que se debe a una transición energética que “se está haciendo mal y por motivos ideológicos”.