Tres de cada diez hogares en el Estado (el 31,5%, unas seis millones de familias) no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas, según el informe 'El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo', de Cáritas en el Estado, que analiza la situación de las familias en medio de la crisis inflacionaria.

El estudio, presentado este jueves, revela que estos 6 millones de familias viven con ingresos inferiores al 85% de su presupuesto de referencia. Ese porcentaje es superior a la tasa de pobreza relativa (20,7%) y a la tasa AROPE (25,3%), calculadas por el INE para el año 2019.

Estudio de 2.500 hogares

Para llegar a esta conclusión, el estudio se basa en una encuesta técnica a más de 2.500 hogares, la mitad de ellos en situación de pobreza, entre 2020 y principios de 2021, y propone la construcción del Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD), un sistema de medición complementario, que permite abordar la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles, sino que los asocia a las necesidades básicas de los hogares.

Este indicador contempla no solo el acceso a los alimentos, sino también otros bienes necesarios tales como la vivienda, su equipamiento o suministros (energía o Internet). Además, tiene en cuenta el acceso a derechos como la educación, el ocio, los gastos sanitarios o la atención a las situaciones de dependencia.

Realidad asfixiante

A partir de esta metodología, Cáritas ha constatado la realidad "asfixiante" a la que se enfrentan los hogares que cuentan con menos del 85% del presupuesto de referencia. Se trata de hogares "con graves dificultades", cuyo presupuesto varía según la presencia de menores y adolescentes, así como por la ciudad de residencia.   

De esta forma, según se desprende del estudio, en el caso de un hogar unipersonal en Barcelona, el 85% del presupuesto de referencia supone vivir con menos de 1.400 euros mensuales frente a casi 1.000 euros en la ciudad de Cáceres. Para un hogar de una pareja con dos jóvenes mayores de 13 años en Madrid, implica no llegar a 2.900 euros mensuales frente a los 2.400 euros en Orense. Para un hogar monoparental con dos niños menores de 12 años supone vivir con menos de 2.200 euros en Donostia y cerca de 1.300 euros en Ciudad Real.

La mayor subida en gastos esenciales

Además, Cáitas ha avisado de que las partidas de gastos esenciales, como vivienda, alimentación y transporte, las que están experimentando una mayor subida de los precios, son a las que las familias están dedicando la mayor parte de sus ingresos.

Según ha señalado la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales destinaban a vivienda, alimentación y transporte 61 euros de cada 100 que ingresaban, al terminar el año estarán dedicando 80 de cada 100.

Familias más vulnerables

Por su parte, las familias en peor situación --con ingresos menores a los 1.000 euros-- que antes de la crisis se veían obligados a dedicar casi el 70% de esa cantidad exclusivamente a vivienda y alimentación, al finalizar el año superarán los 80 euros de cada 100.

"La incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, la evolución de los costes energéticos y las cifras de inflación observadas en los últimos meses han incrementado aún más el riesgo de enquistamiento o cronificación de estas situaciones de exclusión social", ha advertido la secretaria general de Cáritas Española.

Según ha señalado Peiro, todos los ciudadanos se han empobrecido como consumidores debido a los altos precios pero ha ha alertado de que, mientras muchos podrán hacer frente a esta situación, "ese 31,5 %  no" lo podrá hacer. Por ello, ha apelado a la solidaridad de la sociedad.   

3 millones de hogares recortan en alimentación

En cuanto a las estrategias que están adoptando las familias más vulnerables para sobrevivir, el informe de Cáritas señala, por ejemplo, que siete de cada diez han renunciado o han reducido sus gastos en ropa y calzado; casi la mitad han recortado el presupuesto familiar en alimentación (3 millones de hogares); el 18% de hogares con niños ha dejado de usar el comedor escolar (casi medio millón); seis de cada diez han reducido el consumo de luz, agua o calefacción; una tercera parte renunció a tener prótesis, gafas o audífonos, y un 14% dejó de comprar algún medicamento que necesitaba.

Doble perspectiva

Frente a esta situación, la entidad considera necesario que las políticas públicas aborden la pobreza y la desigualdad desde una doble perspectiva: rescatando a las familias que más están sufriendo y perfeccionando el sistema de protección social a largo plazo.

"Parece claro que las políticas sociales han de complementar los ingresos de los hogares cuando estos no son suficientes, facilitar el acceso a puestos de trabajo estables y de calidad de modo que se evite la precariedad laboral, y promover el acceso a una vivienda digna y adecuada, mediante una política pública de vivienda", ha apuntado Thomas Ubrich, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA.

También ha añadido que "las políticas de inversión en sanidad, educación y atención a la dependencia resultan fundamentales para que los hogares en situación de carencia no se vean en una trampa de pobreza en la que las estrategias que se ven obligados a implementar en el corto plazo limitan su capacidad de salir de la pobreza en el medio y largo plazo"