Las discrepancias entre Ferrovial y el Gobierno se acentúan en vísperas de que se celebre, este jueves, la Junta de Accionistas de la compañía en la que debe aprobarse el polémico traslado de sede social desde España a Países Bajos. Un cambio que la empresa defiende como un mecanismo necesario para poder cotizar en el mercado bursátil de Estados Unidos y que, dice, no tendrá efectos en el empleo y la contribución fiscal, mientras que el Ejecutivo insistió ayer en que no existen impedimientos para que Ferrovial actúe en Wall Street sin mover su sede a Ámsterdam.
La controversia arrancó el pasado mes de febrero, cuando la multinacional, que opera en el sector de las infraestructuras de transporte y movilidad, anunció que iba a proponer a sus accionistas el cambio de sede social desde Madrid a la capital neerlandesa, una ciudad que ha sabido captar a muchas de las firmas de todo tipo de ramas de actividad que, tras el Brexit, optaron por llevarse su sede social desde Londres. Un anuncio que la empresa presidida por Rafael del Pino, presente en el Ibex 35, no pensó que tendría tanta repercusión negativa. Sin embargo, el Gobierno hizo ver desde el principio su firme oposición a este movimiento, deslizando que durante el mandato de Pedro Sánchez la firma había recibido más de mil millones de euros en contratos públicos. El Gobierno habló entonces de “poco compromiso” con España por parte de Ferrovial y, aunque tanto en la carta enviada hace escasos días a su consejero delegado como en la intervención ayer de la portavoz de Moncloa no hubo reproches tan serios, lo cierto es que persiste el mismo razonamiento.
“El Gobierno no quiere intervenir pero sí informar”, dijo ayer el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, recalcando el mismo mensaje que aparecía en la misiva al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos: no existen obstáculos ni hay que realizar cambios normativos para cotizar en Estados Unidos sin salir de España. Desde Washington, donde toma parte en las reuniones del FMI y el Banco Mundial, la vicepresidenta Nadia Calviño subrayó que la constructora “no tiene desventajas ni obstáculos” como multinacional por cotizar en España. “Queremos seguir teniendo multinacionales fuertes que estén basadas aquí”, dijo Calviño.
“El Gobierno no quiere intervenir pero sí informar”, dijo ayer el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, recalcando el mismo mensaje que aparecía en la misiva al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos: no existen obstáculos ni hay que realizar cambios normativos para cotizar en Estados Unidos sin salir de España. Desde Washington, donde toma parte en las reuniones del FMI y el Banco Mundial, la vicepresidenta Nadia Calviño subrayó que la constructora “no tiene desventajas ni obstáculos” como multinacional por cotizar en España. “Queremos seguir teniendo multinacionales fuertes que estén basadas aquí”, dijo Calviño.
Pero Ferrovial, cuya plantilla global es de alrededor de 24.000 trabajadores (unos 18.000 en el Estado), respondió, a través de su jefe de comunicación, Francisco Polo, que existen problemas de tipo normativos y otros de carácter “insalvable” que motivan su traslado a Países Bajos como paso previo a cotizar en Nueva York. La estrategia que maneja Ferrovial es una fusión inversa, mediante la cual la filial neerlandesa absorbería a la matriz. En este juego, apareció ayer un inesperado actor, el Fondo de Pensiones Global de Noruega, tenedor de casi un 1,5% del accionariado de Ferrovial y que ayer se manifestó en contra del traslado, proclamando que considerarán “si hay suficiente transparencia para tomar una decisión completamente informada y si todos los accionistas son tratados de forma equitativa”.
