Se trata de una de las tareas ineludibles desde el punto de vista político y social para todos los países en la próxima década. También, por supuesto, desde el prisma económico, que se juega mucho en ella. Pero la transición energética y como ejecutarla de forma que sus impactos no trastoquen el bienestar y el progreso social son asuntos que están llevando ya a un debate con muchas aristas y que no resulta fácil. Recientes informes de diversos organismos analizan esta cuestión, poniendo de manifiesto que no existe una fórmula perfecta que cobije al mismo tiempo avance en la descarbonización de la economía sin un coste socioeconómico, por más o menos limitado que este sea.
Básicamente, existen dos maneras de conducir la transformación hacia el objetivo de emisiones netas cero en 2050, el marcado por Naciones Unidas y que la Unión Europea también ha hecho suyo. Por un lado, están los propios procesos de generación de energía verde. Es decir, un enfoque positivo. Por el otro, están las llamadas políticas de mitigación, que consisten en penalizar con tasas e impuestos las emisiones de gases contaminentes. Un enfoque de ‘castigo’ con el que se busca incentivar que quien contamine se anime a dejar de hacerlo, aunque no lo haga desde el propio convencimiento.
En su informe divulgado esta semana y que lleva por título ‘Transición hacia las cero emisiones netas:implicaciones macroeconómicas y evaluación del bienestar’, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVA Research admiten que la implementación de políticas efectivas para desarrollar esta transición energética influirá en todas las economías y “no estará exenta de costes en el corto plazo”.
El documento, elaborado de forma conjunta por investigadores de ambos servicios de estudios, proclama que la combinación de las diferentes fuentes de progreso técnico, entre las que destacan la generación de energía verde, la reducción de las emisiones por unidad de producción de energía contaminante y la mejora de la eficiencia en el suministro energético, “no será suficiente” por sí misma para garantizar la consecución del objetivo de las cero emisiones netas en el año 2050. Partiendo de esta premisa, y de que “mantener o acelerar” el ritmo de las iniciativas mencionadas es “fundamental” para cumplir con los objetivos, el análisis de Fedea y BBVA Research sugiere que los gobiernos deberían establecer “estrategias proactivas” para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, “tales como ofrecer subsidios para invertir en energía limpia, establecer objetivos para el crecimiento de los precios de los combustibles fósiles, lo que supone de facto una penalización a su demanda, o introducir impuestos a las emisiones”.
En resumen, una compatibilización de estrategias es la combinación más idónea, pero siempre asumiendo que habrá un coste en términos de bienestar. Utilizando modelos matemáticos, los expertos sostienen que, de todas las políticas consideradas, “el aumento en los precios de los combustibles fósiles para desincentivar su uso conlleva los mayores costes en términos de bienestar tanto en la transición a 2050 como en el largo plazo”. Esto es, que la factura por subir los precios de la energía acabaría repercutiendo en los consumidores, que serían los que acabarían viendo como se reduce su riqueza por los importes más altos.
Por el contrario, los impuestos a las emisiones “emergen como la política más preferible en términos de bienestar durante la transición a 2050”. En este sentido, “reasignar ingresos de impuestos al carbono hacia subsidios a la inversión verde “genera el efecto de bienestar más equilibrado entre el corto y largo plazo”. Y pone un ejemplo: “un aumento lineal en los impuestos por tonelada de carbono emitido, desde 0 euros en 2019 hasta 227 en 2050, y su posterior estabilización a este precio desde 2050, lograría la reducción de emisiones necesaria para cumplir el objetivo de las cero emisiones netas”. En este supuesto, la pérdida promedio de bienestar resultante de esta política “es relativamente reducida”, del 0,44% en términos de consumo equivalente hasta 2050.
No obstante, existen otras voces que, especialmente desde la industria energética, defienden que la transición se haga bajo el principio de la neutralidad tecnológica, tal y como ocurre en mayor medida en Estados Unidos que en Europa, permitiendo que no se discrimine ninguna fuente de energía y confiando en que, de forma paulatina y por su propio empuje, las renovables acaben imponiéndose. No obstante, el papel que deben jugar las administraciones para incentivar el uso de estas energías en vez de las fósiles también es objeto de debate. Sin olvidar la vertiente social y política. En un artículo para el Real Instituto Elcano, los expertos José Abad y Manuel Losa destacan que “la descarbonización podría no llegar a buen puerto sin un amplio compromiso de la ciudadanía” y advierten de que, en un contexto de polarización política, “las autoridades deberían dejar a un lado la retórica del catastrofismo climático empleada de forma generalizada hasta la fecha como justificación de las políticas de descarbonización” y sustituirla por reducir los costes energéticos, echando mano de las tecnologías más competitivas disponibles.
