Sindicatos del sector de discapacidad se han concentrado este martes en Pamplona, frente a la sede de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, para pedir al Ejecutivo foral que "su implicación y compromiso sea mayor" en la negociación del convenio.

Según han indicado desde ELA, LAB, CCOO y UGT en una nota de prensa conjunta, "después de numerosas reuniones de negociación en las que las patronales mantienen una propuesta económica que empobrecería a los trabajadores del sector".

La parte social solicitó una reunión a la Dirección de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP).

En dicho encuentro, mantenido este martes, las fuerzas sindicales han trasladado al Gobierno de Navarra "la necesidad de que su implicación y compromiso sea mayor en la negociación". "En caso contrario, en este sector que cuenta con financiación pública las plantillas verán empeoradas sus condiciones laborales", han apuntado.

Bloqueo

A su juicio, la negociación "está actualmente bloqueada por una perversa paradoja que plantea el Gobierno de Navarra: "a las trabajadoras del sector de la discapacidad, que no son personal funcionario, les quiere aplicar los límites presupuestarios que rigen en los incrementos salariales de las personas empleadas públicas".

"Esto es, a las plantillas de un sector gestionado por empresas privadas, el Gobierno de Navarra les pretende anular su derecho a la negociación colectiva y les impone un porcentaje máximo de incremento económico que opera en el funcionariado. Así, las trabajadoras del sector se encuentran con que son empresas privadas las que se sientan como patronales en la mesa de negociación, pero quien está imponiendo unas condiciones salariales es el Gobierno de Navarra", han explicado.

Estas "limitaciones presupuestarias" suponen, según los sindicatos, "una pérdida del poder adquisitivo" de los trabajadores, "porque no se vinculan al IPC". Los sindicatos han instado al Gobierno a que "incremente las partidas presupuestarias destinadas al sector de la discapacidad" y que "aclare con qué margen cuentan las empresas para poder negociar -esto es, de cuánto es el beneficio de las empresas privadas que gestionan el sector-".