El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles en sesión el proyecto de Ley Foral de Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral, también conocido por su abreviatura como la Ley APE. Así lo ha confirmado en rueda de prensa el consejero del departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo. "Representa un paso más en nuestro compromiso claro e inequívoco con los más de 7.000 comercios”, ha remarcado.
Desde hace cinco año se está trabajando este documento, con una meta: "Queremos que nuestras calles tengan comercios", ha resaltado. Y para ello se han basado en un modelo que ha funcionado en Irlanda o Canadá, ha especificado. Navarra es la tercera comunidad en dar luz verde a esta figura que ya funciona en Catalunya y Baleares.
El objetivo general de esta ley es posibilitar la creación de Áreas de Promoción Económica en nuestro territorio con la finalidad de promover iniciativas económicas que comporten la revitalización de los centros urbanos, así como la mejora y promoción de otros entornos, como los polígonos industriales o zonas turísticas, entre otros.
Entre las novedades de esta normativa está la de obligar a pagar tasas a propietarios de bajos comerciales vacíos para incentivar su alquiler con actividades económicas. Además, también deberán abonar la misma cuota todos los comerciantes que sean incluidos en el perímetro que establezca el área económica: comercios, hostelería o supermercados, entre otros.
En su constitución intervendrán promotores y ayuntamientos.
¿Qué busca la normativa?
Promover el desarrollo de actuaciones público-privadas que contribuyan a mejorar el atractivo de los entornos urbanos y rurales, así como la competitividad de las empresas y la creación de empleo.
Abordar los nuevos desafíos urbanísticos que encaran los municipios navarros y afrontar los problemas ambientales derivados de la descentralización urbana.
Desarrollar herramientas legales que sean capaces de impulsar la innovación y la mejora en la manera de gestionar, entre otros, los centros comerciales urbanos, las zonas turísticas o los polígonos industriales.
Articular una fórmula legal que permita obtener una financiación estable y suficiente, mediante las aportaciones obligatorias de los y las titulares de actividades económicas y de quienes ostenten la propiedad de inmuebles desocupados, que no puedan ser destinados a vivienda, susceptibles de poder alojar actividades situadas en una zona geográfica.
Implantar un instrumento legal que no es sustituto de las inversiones que puedan hacer las administraciones públicas, con el objetivo de favorecer inversiones adicionales destinadas a fortalecer la economía local y, al tiempo, otorgar a las personas empresarias y profesionales una voz unificada.
Propiciar actuaciones rehabilitadoras, renovadoras y regeneradoras de iniciativa y gestión privada, en cooperación con los municipios.
Impulsar un enfoque estratégico y proporcionar un espacio de colaboración entre distintos intereses locales, que incluya a quienes ostenten la propiedad de bienes inmuebles, a profesionales, al empresariado, a autoridades y comunidades locales.
Novedoso instrumento
Las áreas de promoción económica son un novedoso instrumento dirigido a superar las limitaciones que encuentran las actuales herramientas de impulso del comercio urbano y de proximidad. El plan de impulso del comercio minorista de proximidad de Navarra 2018-2020 ya detectó un bajo nivel de asociacionismo zonal o sectorial.
El plan de impulso del comercio minorista de proximidad de Navarra 2022-2025, configura la regulación de las APEs como una medida prioritaria dentro del objetivo estratégico de mejora de la ordenación y el equilibrio del sistema comercial navarro en tanto en cuanto podían ayudar a superar dichas limitaciones.
¿Qué es un área de promoción económica?
Un área de promoción económica se trata de una entidad público privada constituida en un área geográfica delimitada y continua, que tiene como objetivo la mejora del atractivo y competitividad de esa zona concreta mediante la realización de actividades y prestación de servicios para contribuir al desarrollo social y medioambiental de sus actividades, incrementar la competitividad de las empresas y mejorar el abastecimiento de bienes y servicios a la ciudadanía.
Las áreas planteadas se inspiran en los conocidos a nivel internacional como Business Improvement Districts (BID), traducidos como distritos de mejora empresarial, un instrumento de colaboración de agentes públicos y privados con casi 50 años de recorrido en distintas regiones y ciudades del mundo. En Irlanda o Canadá ha habido buenas experiencias con
Estas áreas de promoción económica están constituidas por las personas titulares de actividades económicas y por quienes ostentan la propiedad de inmuebles desocupados (que no puedan ser destinados a vivienda) susceptibles de poder alojar actividades, situadas en esa zona geográfica concreta. Tendrán una vigencia de 5 años, salvo que el convenio establezca una duración menor.
Once pasos para su creación
Para crear un área de promoción económica se tienen que llevar a cabo 11 pasos, "proceso que puede prolongarse hasta su constitución un año", ha detallado Mikel Irujo.
En primer lugar, su constitución debe ser autorizada por los municipios, previa comprobación de que su plan de actuación se amolde a los intereses generales y no supone una invasión de las competencias públicas.
Con la misma finalidad, los municipios tendrán representantes tanto en la asamblea general como en la junta directiva de las Áreas de Promoción Económica, al tiempo que se establecen una serie de mecanismos de control sobre sus actuaciones en favor de las administraciones públicas.
Pero sin duda, el principal instrumento para lograr estos fines es el convenio que debe ser celebrado entre el Área de Promoción Económica y el municipio, en el que se establecerán las obligaciones que asume cada una de las partes.
Este convenio constituye un elemento clave para garantizar la coordinación de los intereses públicos y privados en juego y que las Áreas de Promoción Económica constituyen una fórmula eficaz de colaboración público-privada en la que se respetan las esferas propias de actuación del sector privado y del sector público, sin que haya confusión o invasión entre ellas.
Irujo ha manifestado “que el proyecto de ley responde a la demanda del sector, que ha colaborado tanto en la fase previa al anteproyecto, como en las exposiciones públicas. Una fórmula de colaboración público privada que busca impulsar al comercio local y cuidar los barrios, los comercios locales, la descentralización urbana, el medio ambiente, la actividad económica local, el empleo, entre otros muchos beneficios que aporta este proyecto de ley que hoy presentamos".
Finalizada la fase de elaboración de la Ley se procederá a su remisión al Parlamento.
¿Cómo se financian?
El elemento clave de esta regulación es el sistema de financiación de las Áreas de Promoción Económica, basado en las aportaciones obligatorias que deberán realizar quienes sean titulares de actividades económicas y, también, quienes ostenten la propiedad de bienes inmuebles desocupados aptos para alojar actividades económicas situados, y que no puedan ser destinados a vivienda, en su zona geográfica. "Esto es clave", ha reiterado Irujo.
Las principales vías de financiación de las áreas de promoción son dos: las aportaciones y subvenciones de Administraciones públicas, y las aportaciones obligatorias.
Son los titulares de actividades económicas y los propietarios de inmuebles aptos para alojar actividades económicas situados en dicha área, que se encuentren desocupados y no puedan ser destinados a vivienda los obligados a satisfacer estas aportaciones obligatorias.
Estas aportaciones deberán cubrir como mínimo el 70% de los gastos del presupuesto del APE. Las aportaciones obligatorias se configuran como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.
Los once pasos:
1.Crear una comisión promotora; 2. solicitud inicial al Ayuntamiento; 3.aceptación expresa de los titulares; 4.grupo de trabajo mixto; 5.aprobación provisional por el pleno municipal; 6.exposición pública y notificación; 7.proceso de ratificación; 8.aprobación por el pleno municipal; 9.asamblea constituyente; 10.acuerdo de constitución; y 11. firma del convenio entre la APE y el municipio.
Reivindicación antigua
Mikel Cabestrero, responsable de MK Comunicación, y que asesora a doce asociaciones de comercios en Navarra, se ha mostrado satisfecho con el anuncio del proyecto de ley foral. "El sector lleva 20 años reclamando esta figura, aunque es desconocida para muchos comerciantes, administraciones y público en general", ha remarcado.
Cabestrero ha manifestado que esta norma va a lograr tres objetivos: fomentar el alquiler de bajos comerciales, concienciar a negocios que no están asociados pero que ahora se aprovechan de las iniciativas de las asociaciones; e implicar a los grandes operadores.
"Todos van a tener que pagar una tasa en el área de promoción económica en la que se encuentren. Con ello, vamos a conseguir que todos participen en las iniciativas que fomentamos para dinamizar barrios, calles y pueblos, algo que ahora no sucede", ha resaltado.
Este asesor de economía local ha barruntado que "habrá que empezar a constituir áreas de promoción económica en calles; y en un futuro más cercano se podrá pensar en barrios".
En definitiva, queda mucha pedagogía para asimilar esta herramienta que persigue reactivar la actividad económica en los pueblos y en los barrios de las ciudades.
