Las grandes empresas del sector de las residencias que han aumentando su presencia en Pamplona los últimos años y que forman parte de la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales (ANEA) han bloqueado la firma del primer convenio sectorial de residencias en la Comunidad.
Existe un acuerdo entre la otra patronal, Lares, y los sindicatos UGT, CCOO y LAB para dicho convenio –no así por parte de ELA–, pero se ha paralizado por el posicionamiento de estas empresas.
Los tres sindicatos que están dispuestos a rubricar el convenio y Lares comparecieron en comisión este viernes; mientras ELA protestaba en el exterior.
Así, esos representantes del sector reclamaron la firma de este primer convenio. Misael Narros (Lares) señaló que “lo fundamental no son solo las condiciones, sino que Navarra tenga un convenio sectorial para el sector de los cuidados”.
Los salarios
Narros afirmó que “el Gobierno es el tercer negociador y que debe dar un apoyo real”. En cuanto a la estrategia salarial, el acuerdo establece que “en 2025, 2026 y 2027, el precio por hora suba de 10,82 euros a 11,60 euros y luego a 12,20 euros”. Advirtió de que “la congelación salarial está generando dificultades económicas en las residencias de las zonas rurales”.
Olga Huguet (UGT) manifestó su “cabreo” por la falta de acuerdo. Además, cuestionó la actitud de los representantes políticos, a quienes acusó de “gran irresponsabilidad” por no facilitar la aprobación del convenio. Carolina Urra (CCOO) expresó su “vergüenza” ante la falta de acuerdo. Urra responsabilizó al Gobierno de la situación.
Maite Olano (LAB) protestó porque “el trabajo de estas profesionales es invisibilizado”; y acusó a la patronal de “bloquear de manera sistemática la mejora de las condiciones laborales” y denunció la presencia de “fondos buitres”.
Los parlamentarios
En el turno de los grupos, Isabel Aranburu (Geroa Bai) pidió distinguir entre las sociedades sin ánimo de lucro y las mercantiles. Olga Chueca (PSN) reconoció que “la atención es muy buena a pesar de las condiciones”. Jabier Arza (EH Bildu) apuntó que “es increíble que no haya un convenio sectorial”. Maribel García Malo (PP) afirmó que “el sector de las residencias es clave”. Daniel López (Contigo-Zurekin) apostó por “un modelo de gestión 100% pública”. Cristina Garbayo (UPN) defendió la necesidad de ese convenio; y Maite Nosti (Vox) aseguró que si más de la mitad de plazas son concertadas “algo tendrá que decir el Gobierno”.
Por su parte, delegadas y trabajadoras del sector de residencias volvieron a manifestarse este enfrente del Parlamento de Navarra para reclamar partidas presupuestarias destinadas al primer convenio del sector.
"Tras más de 22 días de huelga, innumerables movilizaciones y de haber entregado recientemente en Palacio más de 3.600 firmas en defensa del primer convenio, no ha habido movimientos por parte de los grupos parlamentarios", destacó el sindicato en un comunicado.
La propuesta que hay encima de la mesa, denunció, "es la misma que plantearon las patronales en diciembre de 2022 y que todos los sindicatos rechazaron por insuficiente". La propuesta es de 1.306 euros al mes para gerocultoras y 1.690 horas anuales de jornada.
ELA reivindicó salarios de 1.500 euros mensuales, 1.592 horas de jornada anual, complemento de las bajas de IT hasta el 100% en contingencias comunes y que el convenio sea de aplicación en todas las residencias.
