El Ministerio de Transición Ecológica aseguró ayer, tras una pregunta de este medio, que “aguarda el pronunciamiento de la Justicia sobre la validez de la licencia” de Mina Muga, cuestionada desde octubre por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que considera que el proyecto debería haberse tramitado de forma conjunta y no separada por cada una de las tres administraciones (Navarra, Aragón y central).
El Ejecutivo descarta de esta manera como es lógico adoptar cualquier resolución administrativa que pueda invalidar el pronunciamiento judicial, que según aseguran desde Geoalcali, empresa promotora del proyecto, se encuentra recurrido ante el Supremo. Su horizonte de resolución es, por tanto, de al menos dos o tres años, según los plazos habituales en el Alto Tribunal.
El asunto, sin embargo, es algo más complejo, según entienden desde la propia empresa, quien considera que los permisos recibidos hasta el momento, siguen vigentes, al no ser la sentencia firme. “Nadie nos ha notificado lo contrario”, aseguran desde Geoalcali, quien asegura que, en estos momentos, lo más importante es que desde España y desde Navarra se envíe un “mensaje de confianza” a los inversores asiáticos que figuran como socios del proyecto.
Aprobar la inversión extranjera, "clave" dar confianza
Esta confianza se lograría, explican desde Geoalcali, si el consejo de Ministros aprueba en las próximas fechas la inversión extranjera en España necesaria para acometer un proyecto de semejante envergadura. Esta decisión, aseguran, supondría evidenciar el apoyo del poder ejecutivo a una iniciativa empresarial considerada estratégica por las instituciones y que se ubicaría entre Sangüesa, Javier y Undués de Lerda, ya en la provincia de Zaragoza.
La sentencia del TSJN, producto de una denuncia de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza, es el último revés para un proyecto empresarial que nació entre recelos, pero que se había ido ganando la confianza institucional, y que parecía gozar asimismo de cierto consenso social en la zona. En el texto, el TSJN reitera que como “la empresa presenta un proyecto único de explotación para un recurso minero que abarca el territorio de dos comunidades autónomas, debe llevarse a cabo un procedimiento único de tramitación para la concesión de explotación, una evaluación ambiental única del proyecto completo y una sola resolución de concesión de explotación del recurso minero con todas las condiciones necesarias que debe cumplir la empresa a lo largo del proceso extractivo y en la restauración del terreno, una vez finalizadas las labores de explotación”.
También el TSJN remarca que “no se trata propiamente de un fraccionamiento del proyecto, como ocurre en los casos resueltos por el Tribunal Supremo en relación con parques eólicos, sino un fraccionamiento en la aprobación del proyecto, atendiendo al ejercicio de la competencia de cada comunidad, la de Navarra y la de Aragón, sobre un proyecto que se ubica en parte fuera de su respectivo territorio, por lo que, en definitiva, ejercen una competencia fuera de los límites del territorio de la respectiva comunidad autónoma, lo que es contrario al Ordenamiento Jurídico”.
Geoalcali llevó a cabo los primeros sondeos para comprobar la existencia de potasa en la zona allá por 2011. Tres años más tarde comenzó la tramitación administrativa del proyecto ante las diferentes instituciones autonómicas, centrales y municipales. La realidad es que, una década después, sigue en el aire.
