El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado la concesión del permiso de explotación de la Mina Muga para sales potásicas y sódicas en la Comunidad, otorgado por el Gobierno foral.
La sentencia da la razón al recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza, y apoyado por la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón, contra el Ejecutivo navarro –en este caso, la consejería de Desarrollo Económico y Empresarial y su dirección general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3– y Geoalcali –empresa impulsora de la mina–.
El dictamen supone una buena noticia para las asociaciones ecologistas que se muestran “muy satisfechas por el fallo contra el permiso minero Goyo, uno de los tres que conforman esta mina”. Otro permiso se llama Muga y depende de Aragón; y el otro, Fronterizo, cuya competencia recae en el Estado.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra estaban analizando ayer la sentencia, y no realizaron declaraciones por el momento.
Geoalcali, por su parte, manifestó que el TSJNha basado la sentencia en “un defecto de forma”. La empresa explica que el fallo insiste en que “se deberían haber unificado las concesiones mineras en una única concesión otorgada desde el Gobierno de España, en lugar de tramitar tres concesiones coordinadas por los gobiernos central, navarro y aragonés”. Por ese motivo, la compañía minera concluye que “confía en una rápida resolución por parte de las administraciones públicas a raíz de este dictamen”.
Recursos semejantes como el de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza se han presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el permiso de concesión Fronterizo, otorgado por el Estado; y en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el permiso Muga aprobado por este Gobierno autonómico. Ambos todavía están pendientes de una resolución judicial.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Geoalcali, la empresa española que gestiona el desarrollo de la mina de potasa Muga, es una filial de la compañía australiana Highfield Resources.
En 2011 iniciaron los análisis de sondeos en el territorio para comprobar si había potasa –mineral destinado principalmente a fertilizantes–. Tras este hallazgo impulsaron el proyecto Mina Muga que se ubica entre dos comunidades, Aragón –donde se encuentra la bocamina en Undués de Lerda– y en Navarra –donde se quiere construir la planta de tratamiento, en un emplazamiento entre Javier y Sangüesa–.
Geoalcali presentó un proyecto único de la mina, la tramitación de la concesión minera de Mina Muga se inició en 2014 y se hizo a través de tres concesiones que resolvieron las administraciones implicadas: permiso Goyo, el Gobierno de Navarra; Muga, el Gobierno de Aragón; y Fronterizo, el Estado.
En 2015 comenzó la tramitación ambiental, y Geoalcali consiguió la Declaración de Impacto Ambiental en 2019. Ya en 2021 las tres administraciones dieron luz verde a las concesiones de explotación de mina de Goyo, Muga y Fronterizo.
Ese mismo año, Ecologistas en Acción Sangüesa-Ongaiz, Federación Ecologistas en Acción-Coda y Fundación Sustrai recurrieron en los tribunales la concesión navarra. Y tres años después, el TSJN se ha pronunciado y concluye que el Estado tendría que haber asumido la competencia que le correspondía por ser un proyecto único que abarca Navarra y Aragón.
Qué resuelve
La sentencia reitera que como “la empresa presenta un proyecto único de explotación para un recurso minero que abarca el territorio de dos comunidades autónomas, debe llevarse a cabo un procedimiento único de tramitación para la concesión de explotación, una evaluación ambiental única del proyecto completo y una sola resolución de concesión de explotación del recurso minero con todas las condiciones necesarias que debe cumplir la empresa a lo largo del proceso extractivo y en la restauración del terreno, una vez finalizadas las labores de explotación”.
También el TSJN remarca que “no se trata propiamente de un fraccionamiento del proyecto, como ocurre en los casos resueltos por el Tribunal Supremo en relación con parques eólicos, sino un fraccionamiento en la aprobación del proyecto, atendiendo al ejercicio de la competencia de cada comunidad, la de Navarra y la de Aragón, sobre un proyecto que se ubica en parte fuera de su respectivo territorio, por lo que, en definitiva, ejercen una competencia fuera de los límites del territorio de la respectiva comunidad autónoma, lo que es contrario al Ordenamiento Jurídico”.
Siguiendo su argumentación el TSJN considera que “al ser una planta de explotación única, excede del ámbito territorial del Gobierno de Navarra, por lo que la resolución de concesión de explotación y la Orden Foral que la confirma no son conformes al ordenamiento jurídico”.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
En la nota emitida por Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza también remarcan que el fallo del TSJN indica que al fraccionarse el proyecto e implicar a tres administraciones repercute negativamente en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). “Deja aspectos sin evaluar porque no se pronuncia sobre la metodología y las conclusiones del análisis de riesgos geológicos (sismicidad, subsidencia) o la seguridad de los trabajadores, por considerar dichos pronunciamientos competencia de las autoridades sustantivas en el procedimiento de autorización del proyecto”, subraya la sentencia del TSJN.
Reacciones
Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza. Recordaron que no han tenido acceso “a las medidas que Geoalcali afirma que emprenderá para evitar los problemas de la actividad minera”. Entre ellos, citan “los riesgos geológicos y medioambientales que incluyen subsidencias y hudimientos del terreno, sismicidad inducida y las afecciones ambientales del transporte de mercancías, más de 500 camiones diarios, y las afecciones a los cursos fluviales y acuíferos, incluyendo el embalse de Yesa”.
Bildu en Sangüesa. Miguel Erdozain, concejal de EH Bildu en Sangüesa/Zangoza, valoró la sentencia como “positiva” porque cree que “las cosas no se están haciendo bien”. El edil señaló que llevan “mucho tiempo pidiendo información sin recibirla”. Su grupo desconoce el estado del proyecto y de los riesgos de trabajadores y entorno. “Nos preocupan los accesos viables”, añadió. Erdozain dijo que “ni los grupos ni los trabajadores del Ayuntamiento conocen en qué estado se encuentra la negociación, ya que AISS contrató un abogado y lo lleva por su cuenta”. informa Usua Lizarraga. El PSN en el consistorio de Sangüesa no ha hecho declaraciones porque prefiere que se pronuncie el partido. Este periódico ha querido ponerse en contacto con el alcalde de la localidad, pero al final no ha podido localizarlo.
¿Qué es Mina Muga?
Mina Muga es un proyecto minero de extracción de potasa, ubicado en los términos municipales de Sangüesa y Javier (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón), promovido por la empresa Geoalcali S.L.U., filial de Highfield Resources Ltd. En la actualidad, es el mayor proyecto minero del Estado español. Hasta el momento, ha invertido más de 100 millones de euros.
Mina Muga se configura como uno de los principales motores industriales generadores de empleo a través de un negocio que no puede ser deslocalizado, ya que está ligado a la geología del entorno. Supondrá un importante impulso socioeconómico, contribuyendo a la fijación de población en zonas rurales que sufren de un acusado problema de despoblación, creando más de 800 puestos de trabajo.
Mina Muga producirá un mineral estratégico como la potasa, base para la producción de fertilizantes utilizados principalmente en cultivos de trigo, maíz y soja.
