La segunda fase del Canal de Navarra, una doble tubería que debe llevar agua de Itoiz hasta la Ribera, la zona de la comunidad, afronta un momento decisivo. El ejecutivo presidido por María Chivite quiere licitar este mismo año una obra que supera los 300 millones de euros, con un presupuesto total cercano a los 800, que todavía no cuenta con una financiación definida y con una disponibilidad de agua que los propios regantes de la primera fase ponen cuestionan si se quieren alcanzar las cerca de 60.000 hectáreas totales previstas.
Sin una entidad financiera propia en la que apoyarse –Caja Navarra tuvo un papel muy relevante en la primera fase– el Gobierno de Navarra confía en que sea el Banco Europeo de Inversiones quien se haga cargo de un montante aproximado de unos 200 millones de euros. Técnicos de esta institución, de carácter público y con un capital suscrito de más de 235.000 millones, ya se reunieron con el Gobierno de Navarra el pasado mes de marzo.
“Están estudiando y analizando la segunda fase del Canal de Navarra para determinar la viabilidad financiera y medioambiental del proyecto, y si contribuye a los objetivos de la Unión Europea (UE) en aspectos como el impulso al potencial de crecimiento y empleo o a mitigar el cambio climático y fomentar la sostenibilidad, entre otros”.
Desde el PSN se da por hecho que el BEI dará luz verde a una financiación clave para poner en marcha una infraestructura cuya ejecución arrancó a comienzos de los años 90, con el embalse de Itoiz, que estuvo cinco años parada (2010-2015) y cuyos trabajos se desarrollaron bastante lentitud en los años siguientes, cuando, en lugar de acometerse la segunda fase, se optó por una alternativa mucho más asequible y que ha permitido incorporar miles de hectáreas y, por tanto, contribuyentes al canon de riego: ampliar la primera fase, en dirección al río Ega.
Cómo se pagan 300 millones. ¿Y si el BEI no pone el dinero?
Hasta el momento no existe sin embargo confirmación oficial de que el BEI vaya a financiar una obra que el Gobierno confía en poner en marcha en esta legislatura y que debería servir para que las primeras hectáreas se rieguen en 2030, dos décadas después de que concluyera la primera, que llega hasta Pitillas.
“No sabemos si tienen un plan B si el tema del BEI fracasa y nos gustaría conocerlo”, preguntaba Adolfo Araiz, de EH BIldu, esta misma semana en el Parlamento de Navarra, al consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite. Un argumento también empleado por Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin.
El Gobierno de Navarra, por su parte, no duda de la hoja de ruta prevista y considera que no se puede dudar de la “viabilidad” de una obra que considera clave para el desarrollo económico e incluso humano de la Ribera, al llevar agua no solo para riego, sino también para abastecimiento de boca e industrial.
¿Hay agua para todos?
La disponibilidad real de agua es otro de los factores que ponen en cuestión los regantes, que defienden limitar la extensión del regadío a las 53.125 hectáreas inicialmente previstas. Consideran que, 17 años después de su primer llenado, existen evidencias suficientes para constatar que por Itoiz discurre menos agua de la que se estimó –no había entonces estaciones de medición precisas– en el momento de su construcción. Un hecho que limita el agua disponible para riego a 275 hectómetros cúbicos, frente a los 340 adjudicados inicialmente.
El Gobierno de Navarra no comparte esta visión. Y aboga por ajustar la dotación de agua por hectárea (6.400 metros cúbicos) a los consumos medios observados en los últimos años en las parcelas y que oscilan entre los 4.000 y los 5.000 metros cúbicos. El año pasado, bastante lluvioso, el consumo medio de todas las parcelas de la primera fase fue de 3.500 metros cúbicos, mientras que si se desechan las parcelas sin consumo o con un consumo especialmente anómalo, el total de agua por hectárea ronda los 4.500 metros cúbicos.
Presidente de la Comunidad General de Regantes desde 2012, Félix Chueca es la voz de cerca de 6.000 regantes de la primera fase y la ampliación del Canal de Navarra. Chueca (Peralta, 1960) es ingeniero agrónomo y asesor de explotaciones agrarias, además de propietario en zonas regables de una infraestructura que afronta su ampliación y que pocos conocen mejor. En los últimos meses, se ha enfrentado al Gobierno de Navarra tanto por el sistema de cálculo de las tarifas, como por la extensión que se regará en la Ribera. A su juicio, Itoiz no dispone de suficiente agua como para alcanzar las más de 21.000 hectáreas previstas a y aproximarse, en el conjunto de la obra, a las 60.000. “El compromiso histórico era regar unas 53.125 hectáreas”, asegura.
¿Por qué dicen que Itoiz no cuenta con agua suficiente para llegar a 21.000 hectáreas en la Ribera y llegar a casi 60.000 en total?
–Desde el año 2012 vemos que Itoiz no cuenta con las aportaciones de agua que se estimaron en el momento de la construcción. Y de los 650 hectómetros que se preveía, hablamos de aportaciones un 20% inferiores. Aquellas estimaciones hicieron con cálculos que no eran fiables, porque no había estaciones de aforo en el río. Se cálculo en función de la cuenca, del tipo de suelos y de la pluviometría. Y lo que ahora vemos, con los datos de la estación de aforo, es que el agua que hay realmente es inferior.
En principio la dotación para riego es de 340 hectómetros cúbicos al año. Pero dicen, citando a un estudio de la CHE, que no es de más de 275... Les acusan de retorcer los datos.
–No estamos retorciendo nada. En 2014-2015 hicimos nuestro propio estudio y ya veíamos que no había aportaciones suficientes. Hay que tener en cuenta que el caudal ecológico mínimo es de 60 hectómetros, que hay que dejar al menos 30 para apoyo a los regadíos de entre Liédena y Milagro, una cifra que podría reducirse si se llena Yesa, y hay otros 60 para abastecimiento. Además de ello, hay que tener en cuenta que hay 60 hectómetros cúbicos de embalse muerto, por debajo de la cota del canal. Todo ello, teniendo en cuenta que la entrada media de agua es inferior a la prevista (unos 520 hectómetros de media) deja esos 270 de los que hablamos.
¿Pero es comprensible que en La Ribera puedan sentirse agraviados si se les dice que ahora no hay agua tras hacerse la ampliación de la primera fase?
–La Comunidad de Regantes no dice qué zonas hay que poner en regadío. Es cierto que tenemos que aprobarlos y tramitarlo. Lo que sucedió es que el Gobierno de Navarra impulsa en 2012 la ampliación porque se entendió que, en la segunda fase, en la Ribera, había zonas con cotas de altura demasiado altas (más de 140 metros) que hacían inviable el regadío. Y asimismo, Canasa tenía una situación económica muy complicada y con una inversión pequeña, de 44 millones para Canasa, se ponían en marcha 15.000 hectáreas. La Comunidad de Regantes inicialmente dijo que no, porque se bajaba la dotación de agua. Finalmente propusieron traspasar 15,5 hectómetros de abastecimiento a riegos, con lo que se mantenía la dotación de 6.400 metros cúbicos por hectárea. Pero entonces no sabíamos los problemas que tenía Itoiz. Pero el Ministerio dijo que esto no se podía tramitar, porque esos 15,5 hectómetros en realidad no existían, había sumado valores máximos de consumo e industria Así que nos dieron una concesión en firme de 222 hectómetros para 34.000 hectáreas y 117 para el resto de la zona regable. Pero es el Gobierno quien decide.
La actual concesión (6.400 metros cúbicos por hectárea) ¿podría rebajarse para llegar a más hectáreas?
–Parece que el Gobierno cree que es una opción. También se dice que a los de la segunda fase, que necesitarían más agua, se les daría 6.900 y al resto menos. Pero eso no puede ser, la concesión es única. Y la Comunidad General lo administra, aunque sabemos que hay zonas que van a consumir más y potras menos.
¿Y hasta dónde podría rebajarse?
–La CHE habla de reducir un 7%, hasta 5.900 metros cúbicos, pero incluso con esa reducción no se puede llegar a 53.000 hectáreas. Y hay que tener en cuenta que hay parcelas que no se han puesto en riego, por lo que los consumos medios que se ven hasta ahora son más bajos. Con los datos que tenemos, hay años que habrá agua y otros que no.
Les acusan de querer quedarse el agua...
–Para nosotros es fundamental que entren las 53.000 hectáreas, pero la gente tiene que saber que hay años que va a suceder esto, que habrá que restringir. Ampliar a 59.000 más problemas. Creemos que uno de cada cinco años no vamos a poder sembrar ni el 50%.
Sus discrepancias con el Gobierno de Navarra van más allá. ¿Cómo valoran que no los invitaran a la reunión con el BEI?
–Nos ha molestado mucho. Nos dieron unas explicaciones que no nos han convencido. Nos han asegurado que es el BEI quien decidió con quién quería estar. Teníamos que haber estado, más que nada porque somos los que lo pagamos.
¿Por qué no están de acuerdo con el sistema de cálculo de tarifas?
–No nos han admitido ninguna de las propuestas. Y es un sistema que, a mayor número de hectáreas que incluyas en la fórmula, menos se paga. Pero nosotros no podemos asumir el coste si no se cumplen las hectáreas que hay en regadío. La administración no nos puede traspasar este riesgo.
Dicen que la tarifa que les quieren aplicar no es justa ¿Por qué?
–En todos los regadíos se aplica un coeficiente de 1/1 al riego y de 1/5 a los abastecimientos. Aquí inicialmente era 1/1 y 1/1,78. En 2012 se acordó aplicar la fórmula de 1/5 y ahora se dice que se quiere volver al 1/1,78. Si los regantes veníamos pagando el 54% de la inversión y ahora vamos a pagar el 78%. Esto supone una diferencia de más de dos millones de euros al año. Unos 50 euros por hectárea. Y pagar los intereses de retrasar la devolución del préstamo a Canasa por los expectantes, otros 50.
