El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, ha acordado con la mayoría sindical en la Mesa General de Función Pública el Plan de Actuación para los años 2025-2027 para la implantación de la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Según han informado desde el Ejecutivo foral en una nota de prensa, el pacto ha sido apoyado por los sindicatos LAB, CCOO y UGT. La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha destacado "la importancia del respaldo" al Plan de Actuación 2025-2027 de cara a dar cumplimiento a una Ley Orgánica que supone la "mayor transformación en décadas de la Justicia, un cambio de paradigma histórico para el que Navarra está preparada y en el que se trabaja con intensidad". "La finalidad es avanzar en una justicia más ágil y eficiente", ha indicado.
La norma recoge el deber de crear las relaciones de puestos de trabajo para las oficinas judiciales, que se materializarán en Navarra en dos fases: la primera, en la que se aprobarán las de los partidos judiciales de Tudela, Estella-Lizarra, Tafalla y Aoiz el 1 de julio, y el 31 de diciembre la de Pamplona, previa negociación con los representantes de los trabajadores.
Asimismo, el Plan de Actuación recoge distintas medidas para "reforzar la estabilidad en el empleo y reducir la temporalidad, la promoción de acciones formativas para facilitar la incorporación del personal a la nueva organización judicial y medidas relativas a la prevención y protección de la salud".
La Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada a principios de este año, tiene como principales objetivos "la mejora del servicio a la ciudadanía mediante la creación de Tribunales de Instancia y la evolución de los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia en el municipio; la especialización, tanto de los órganos judiciales para abordar casos específicos, como la violencia contra la infancia y la adolescencia; la homogeneidad en las prácticas y comportamientos de los órganos y oficinas judiciales, y la capacidad organizativa para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad".
Asimismo, la norma pretende "simplificar el acceso a la justicia mediante la creación de un único tribunal asistido por una única organización, la Oficina Judicial, a la vez que se potencia la accesibilidad y la confianza en el sistema de justicia reforzando aspectos organizativos y procedimentales, y aprovechando los beneficios de las nuevas tecnologías con el fin de ofrecer una justicia más próxima y sostenible".
En la misma línea que lo realizado tanto por el Ministerio de Justicia como por el resto de Comunidades Autónomas con competencias en la materia, tal y como se recoge en la norma, en el Plan de Actuación se incluye también una "adecuación retributiva gradual" para el personal de los cuerpos generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.
