Tras recoger más de 700.000 firmas entre la ciudadanía y con el respaldo de 900 organizaciones sociales, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes recibió el 9 de abril de 2024 el respaldo de todos los partidos, salvo Vox, para iniciar su trámite parlamentario. Sin embargo, cayó en el olvido hasta que esta semana el ala socialista del Gobierno ha decidido desempolvarla coincidiendo con la entrada en vigor la nueva normativa de Extranjería, esa que tantas críticas ha suscitado porque aboca a decenas de miles de solicitantes de asilo a la clandestinidad si sus peticiones son denegadas. ¿Una metedura de pata que el Gobierno español quiere subsanar dando impulso a una ILP que hasta ahora no parecía prioritaria? Sí y no.
"El nuevo reglamento puede dejar en la irregularidad a 275.000 personas (que es el número de personas que solicitan ahora mismo la protección internacional). ¿De dónde ha venido la presión? De los empresarios", asegura rotunda Victoria Columba, responsable de comunicación de RegularizaciónYA, la plataforma que ha impulsado la ILP. Hasta ahora, los solicitantes de asilo cuyas peticiones eran denegadas podían iniciar los trámites de regularización a través del arraigo, sin embargo, la nueva normativa no tiene en cuenta el tiempo transcurrido y les obliga a pasar a la clandestinidad tras años trabajando y residiendo en el Estado de manera regular.
"Esta reforma nace a la sombra del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que plantea un poco lo que plantea esta reforma: que la gente no tenga la voluntad de solicitar asilo. Van en sintonía, así que no creo que sea una metedura de pata del todo, lo que pasa es que los empresarios han puesto el grito en el cielo porque, de repente, puede dejar a un montón de trabajadores y trabajadoras en la irregularidad. En España se deniegan en un 95% las solicitudes de protección internacional, es gente que ya está trabajando y que de repente va a pasar a la irregularidad", explica Columba.
En definitiva, que la regularización sirve de parche temporal para tratar de dar una solución a esas 275.000 personas que ya tienen sus procesos abiertos. "Pero, a partir de ahora, la gente no se va a arriesgar a pedir el asilo, optarán por la vía de Extranjería. El objetivo es desmantelar el asilo", analiza. Esta parte de reforma, no obstante, está recurrida ante la justicia por varias organizaciones, que confían en poder revertirla y que el asilo siga siendo una opción para quienes huyen de sus países.
La propuesta
La propuesta Pero vayamos a lo que está planteando el PSOE. De momento solo existe un borrador, que el Gobierno español quiere negociar con el resto de partido políticos. El documento, al que ha tenido acceso el diario El País, recoge unas líneas generales: la necesidad de demostrar un año de residencia en el Estado español, no tener antecedentes penales o una orden de retorno activa, no suponer un riesgo para la seguridad nacional y no ser solicitantes de asilo o desistir de ello. Además, no exige un contrato de trabajo para acceder a la regularización. La idea es ofrecer una autorización de residencia y trabajo de un año que, sumado al año previo que exige llevar en el Estado, permitiría acceder posteriormente al arraigo establecido en la nueva normativa de Extranjería –recordemos que ha reducido de tres a dos años el tiempo necesario de residencia para acceder a él–.
Es una propuesta similar a la que ofreció el Gobierno español tras la dana de Valencia. Y, viendo lo que ha ocurrido en este caso, es fácil adivinar dónde puede estar el principal problema: en el empadronamiento. "Debido al problema de acceso a la vivienda que existe en España, el padrón es muy difícil de conseguir y se ha visto en Valencia, mucha gente se ha quedado fuera de la regularización. Las organizaciones que se han reunido con la Secretaría de Migración le han trasladado esto mismo, así que tendrán que darle una vuelta", apunta Columba. Ahí, el trabajo de los servicios sociales será clave.
Una vez hecho el borrador, el objetivo del Gobierno es poder llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios. Recordemos que, hace un año, la propuesta fue respaldada por todas las formaciones políticas salvo Vox, pero ahora falta concretar los detalles. Por ejemplo, el Grupo Vasco registró en septiembre una enmienda con el objetivo de vincular la concesión de la autorización de residencia con la existencia de un contrato de trabajo, en línea con el proceso que llevó a cabo José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, que permitió la regularización de 576.500 personas.
En su propuesta, el Gobierno español no recoge este punto, más bien apunta todo lo contrario, una postura respaldada por los impulsores de la ILP porque aseguran que "cuando estás en la irregularidad no tienes contrato de trabajo". Consultado por este periódico, el PNV asegura mantener su posición inicial, pero se muestra abierto a negociar. "Somos plenamente conscientes de que hablamos de personas y de que muchas de ellas pueden estar en una situación de especial vulnerabilidad. El texto se está aún negociando y se sigue trabajando en esta iniciativa con el Gobierno, no nos cerramos a analizar si existen otras causas que puedan ser motivo suficiente para la regularización, como personas vulnerables por enfermedad o edad, en trámite de asilo, menores u otros", explican las fuentes.
Los datos
500.000 Beneficiados. Se calcula que el proceso de regularización podría beneficiar a unas 500.000 personas, esos son los cálculos que hicieron las organizaciones hace un año, así que la cifra podría ser mayor. En Euskadi, las personas en situación irregular son unas 20.000 personas, según los últimos datos del Gobierno vasco.
120.000 niños. Actualmente, ocho de cada diez personas en situación irregular son de procedencia latinoamericana, más de la mitad son mujeres y hay unos 120.000 niños y niñas. Estas personas están empleadas en una diversidad de capacidades, sobre todo de baja cualificación, como el sector de los cuidados, y cualificación media, como la construcción. Es, además, una población muy joven, mucho más que la media del Estado y también que la media de la inmigración con papeles.
167.366 personas solicitantes de asilo. Solo el año pasado se registraron 167.366 nuevas peticiones de asilo en todo el Estado, 4.853 en la CAV.
Otra de las incógnitas es saber qué hará el PP. El Gobierno confía en que al menos se abstenga, debido a la presión de la Iglesia –que ya fue clave para que respaldaran la ILP hace un año– y de la patronal empresarial, que apoya la iniciativa como salida a la falta de mano de obra en el marcado laboral. De momento, los populares solo han lanzado una advertencia: "El Gobierno no va a obtener un cheque en blanco". Junts, que es la tercera pata, ni siquiera se ha pronunciado aún.
Del resto de fuerzas políticas no se espera un rechazo. Es más, Sumar se ha felicitado por el paso dado finalmente por el PSOE y discrepa solo de los plazos previstos –por ejemplo, la propuesta incluye a los inmigrantes que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2024, pero los socios de Sánchez quieren que la fecha que se tenga en cuenta sea el 20 de mayo de este año– y Podemos no se va a oponer pero ha retado al Gobierno a aprobar ya la regularización vía real decreto.
"Si el Gobierno de España quisiera de verdad, y no estuviera solo buscando un titular, hacer una regularización extraordinaria, mañana mismo podría hacerlo. El Consejo de Ministros podría aprobar un real decreto exactamente igual que hizo el señor Zapatero con aquella regularización extraordinaria en el año 2005, si no recuerdo mal. Se hizo a través de real decreto", señaló la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. "Somos conscientes de que puede que no se llegue a un acuerdo en el Congreso, pero confiamos en que si esto ocurre el Gobierno termine aprobando la regularización", concluye Columba.
