El Parlamento rechazó ayer una moción presentada por UPN que instaba al Gobierno foral a que, “a la vista de los votos particulares emitidos” en la adjudicación de las obras de Belate, remita el expediente a la Junta de Contratación Administrativa para que esta emita informe acerca de la legalidad de dicha adjudicación y sobre el resto de cuestiones a las que hacen referencia los votos particulares”.
UPN, PPN y Vox dieron su apoyo al texto, insuficiente ante el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Los socios del Gobierno de Navarra salieron en defensa del proceso de adjudicación, sobre el que UPN ha planteado la sospecha después de que tres de los ocho miembros de la mesa de contratación mostraran discrepancias con los criterios de puntuación de las ofertas.
En la defensa de la iniciativa, el portavoz de UPN, Javier Esparza, consideró que esta moción era “una oportunidad para solventar cualquier duda y para dejar claras las cosas”. Esparza destacó que la duplicación del túnel de Belate es un contrato de 62 millones, “el contrato público más importante adjudicado en Navarra en los últimos diez años”, y puso en duda la actuación del presidente de la mesa de contratación, que al emitir su puntuación provocó un cambio en la licitación.
“Ha provocado que quien iba a ser adjudicatario, si se hubieran respetado las puntuaciones de los cuatro miembros anteriores de la mesa, no sea ahora mismo quien ha sido adjudicatario. La persona que hace todo esto es un cargo público del Gobierno, que en decisión política de este Gobierno ha mantenido a este cargo en el ejercicio de su labor más allá de la edad de jubilación de forma absolutamente excepcional”, denunció.
El parlamentario del PSN, Javier Lecumberri, ironizó sin embargo con que “para ser un procedimiento oscuro y opaco, Javier Esparza tiene toda la información, hasta la más detallada”, y destacó que “está toda colgada en el Portal de Transparencia”. Por ello, reprochó al portavoz de UPN que pasara “de puntillas” por la cuestión principal, que el informe final de la mesa de contratación estuviera firmado “por los ocho miembros de la mesa de contratación, incluidos los tres que hacen un voto particular”.Por lo que se trata de una adjudicación “legal, clara y transparente”.
