desde el inequívoco objetivo de evitar el concurso de acreedores, con las quitas correspondientes a los reclamantes incluida la Hacienda Foral, el borrador de ley pergeñado por la gestora de Osasuna se antoja tan voluntarista como utópico por mucho que se venda como la única solución posible. La iniciativa resulta, pasando del fútbol al rugby, una patada a seguir, un teórico ganar tiempo que sin embargo supone perderlo por no mirar a los ojos en toda su crudeza a la patética realidad de un club cuyo escudo difícilmente pervivirá si no se gestiona la marca de forma privada, por ejemplo previa dación en pago de todas las propiedades para liquidar la mayor masa de débito.
Y es que con la metodología fijada para que Osasuna pueda rescatar en treinta años -más dos opcionales si no se hubiera restituido el 75% del precio de recompra- el patrimonio que cede al Ejecutivo como garantía de pago, se antoja una entelequia que el club vaya a devolver en ese periodo 43 de los 49,5 millones que adeuda a Hacienda. Porque, partiendo de que ahora el primer equipo está en Segunda División y a un punto de la 2ªB, incluso manejando la entusiasta hipótesis de que pase la mitad de las próximas tres décadas en Primera -cuando el récord de permanencia es de catorce temporadas continuadas- el canon por el arrendamiento de las instalaciones traspasadas temporalmente al Go-bierno se quedaría en 26,25 millones (1,5 millones por cada año en la élite, por 250.000 euros en la categoría de plata). Para llegar a los 43 millones referidos habría que contar pues con 16,75 más en concepto de traspasos, desde la premisa de que ese ingreso para Hacienda equivaldría a la mitad de las ventas totales formalizadas por Osasuna. Sin embargo, en Segunda las transacciones en metálico de cierto volumen ya no se estilan -que se lo digan a De las Cuevas o Loties- y por la actual perla de la cantera -Mikel Merino- ni el Athletic apoquinaría hoy siquiera la quinta parte de su cláusula (20 millones).
En suma, que la lógica indica que ahora no puede avistarse otro escenario que la enajenación definitiva de El Sadar y Tajonar por el Gobierno con treinta años de retraso generándose mientras tanto para Hacienda una renta modesta, en mayor medida cuanto más dure la travesía en Segunda División. Desde el presupuesto de que no se pierda la categoría y con la derivada de que, si Osasuna no pudiera desembolsar los primeros 43 millones, tampoco los 6,5 pendientes todavía de abonar, en ese caso con el 10% de los contratos de televisión desde la temporada 2018/19 como garantía de los treinta años de aplazamiento solicitados.
Más allá de todas las estimaciones que puedan realizarse, porque ya se sabe que el papel lo aguanta todo, no hay ley que enmiende la dramática incapacidad de Osasuna para procurarse recursos propios, hasta el extremo de que los ingresos por abonados, taquillas y publicidad representan escasamente un tercio del vigente presupuesto de Segunda (12 millones). La enésima prueba de esa falta de tesorería radica en que en el documento de Osasuna se pide al Gobierno un aval de 4 millones para disponer de un cierto margen de maniobra tras la transmisión del patrimonio. Y eso pese a que se contempla la condonación de intereses, recargos y sanciones correspondientes a la deuda tributaria a 31 de diciembre de 2014.
Ya en el ámbito interno del club, el hecho de que no fuera a ingresar el 50% de los traspasos (tanto federativos como económicos), ni dentro de cuatro temporadas el 10% de la televisión, le obligaría a una profunda revisión de su diseño financiero y de su estructura organizativa, reconsiderando el rol de la Fundación y erradicando sueldos de más de 100.000 euros absolutamente fuera de mercado, a lo que agregar la consecución de acuerdos con los acreedores ordinarios. A esta pléyade de restricciones y urgencias se habrá de ceñir quien quiera presidir a partir de diciembre un club por lo demás intervenido -con la ley propuesta, el Ejecutivo verificaría a voluntad todo documento y un representante de Ha-cienda asistiría sin voto a los órganos de gobierno-, lo que sí permitiría al mandamás entrante de Osasuna no temer por su aval personal de no incurrir en tropelías.
Ahora lo que está por ver es si para la próxima convocatoria electoral el club no se halla en concurso, sin que valgan apelaciones al borrón y cuenta nueva ante tan escandalosa pella fiscal. Bastantes balones fuera se han tirado ya en Osasuna.
