pamplona - La secretaria de Acción Sindical y Empleo de UGT de Navarra, María Simón, exigió ayer la retirada del proyecto de ley de Mutuas por ser “un nuevo recorte en los derechos de los trabajadores al primar los intereses económicos” frente a la protección social y a la recuperación de la salud.
Simón afirmó en un comunicado que la futura ley “aumenta el poder de las mutuas, que podrán controlar desde el primer día no solo la contingencia profesional, como en la actualidad, sino también la común, entre el primer día y el decimoquinto de la baja médica, cuando hasta ahora ese control solo lo podían realizar desde el decimosexto día”. Además, subrayó que se aparta al médico de atención primaria al facultar a la mutua para proponer el alta médica a la Inspección de los Servicios Públicos de Salud, que tendrá cinco días para emitirla o denegarla. Posteriormente, la mutua podrá solicitar si no queda conforme con la respuesta la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que debe contestar en un plazo de cuatro días, y todo ello sin pasar por el médico de familia.
peores condiciones La dirigente de UGT advirtió que con esta nueva ley, si el trabajador no acude a un llamamiento de la mutua o de la Inspección Médica, le “retirarán automáticamente la prestación económica ya que se le presupone mala fe” y tan solo se repondrá el derecho una vez que la mutua haya comprobado la existencia de justificación. Criticó también que se pueda “denegar, suspender, anular, e incluso declarar la extinción de la prestación económica de la incapacidad temporal común sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por los Servicios Públicos de Salud”. Al respecto, Simón subrayó que “el trabajador recibirá asistencia sanitaria, pero no verá ni un euro salvo que se reincorpore al puesto de trabajo a pesar de estar enfermo”. De esta manera, agregó, se “convierte a las mutuas en policías y fiscales de los trabajadores y de los médicos de los Servicios Públicos de Salud” y “se confunde, una vez más, de forma inadecuada y torticera la incapacidad laboral con el absentismo laboral injustificado”.
Esto supone un modelo que, según UGT, generará “desigualdades”, especialmente en la gestión de la Incapacidad Temporal, “discriminando al paciente en cuanto a las prestaciones económicas y las prestaciones sanitarias”. Además Simón aseguró que el proyecto no plantea la participación de los trabajadores y sus representantes en la elección de la mutua o del médico y “menoscaba” la participación sindical en los órganos de control y seguimiento y en las comisiones de prestaciones especiales. Además, añadió que ello traerá “conflictividad e incertidumbre” jurídica al considerar a las mutuas de naturaleza privada pero situadas en el sector público estatal de carácter administrativo. - Efe