Estados Unidos ha bombardeado este sábado, 3 de enero, territorio venezolano y ha capturado al presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar que supone la culminación de una estrategia de escalada iniciada hace 28 semanas bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, aunque sin ocultar nunca que el objetivo final era un cambio de régimen.
Las advertencias procedentes de Washington se vieron pronto respaldadas por el mayor despliegue militar jamás visto en el mar Caribe, con el portaaeronaves USS Gerald Ford —el más grande de la Armada estadounidense— al frente.
Desde el punto de vista militar, Venezuela respondió decretando la movilización de milicianos, un mecanismo por el que se arma a la población para, en caso de ataque estadounidense, pasar a “una etapa de lucha armada”.
Escalada militar y ataques navales
El siguiente paso en la escalada fueron los ataques contra supuestas embarcaciones utilizadas por organizaciones de tráfico de droga. Las fuerzas militares estadounidenses han bombardeado más de 30 barcas, lo que ha provocado la muerte de al menos 112 personas, según el balance ofrecido por Washington.
Estos ataques han sido duramente criticados por organizaciones de derechos humanos, que denuncian que se trata de ejecuciones extrajudiciales. Uno de los episodios más polémicos apunta a que los supuestos narcotraficantes no murieron en el primer ataque y fueron bombardeados de nuevo cuando estaban heridos y a la deriva, lo que supondría una violación de las leyes del mar.
Tras el inicio de estas operaciones, el Departamento de Estado anunció la designación del Cártel de los Soles como “organización terrorista extranjera”, acusándolo de colaborar con otros grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, a los que considera una amenaza “grave” para la seguridad de Estados Unidos.
Cierre del espacio aéreo
Más tarde, Washington puso en su punto de mira el sector de la aviación civil. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso de seguridad pidiendo a las aerolíneas “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela por posibles interferencias y riesgos, lo que llevó a varias compañías a suspender sus operaciones en el país.
Caracas respondió revocando los permisos de vuelo a Iberia, Turkish Airlines, Gol, Latam Colombia y Avianca, tras expirar el plazo de 48 horas concedido.
El 1 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en su red social Truth Social que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”, después de una conversación telefónica con Maduro a finales de noviembre que no dio resultados para Washington.
Trump confirmó la llamada el 30 de noviembre: “No diría que fue ni bien ni mal. Fue una llamada telefónica”. Días después, Maduro reconoció el contacto y destacó su “tono de respeto”, asegurando que incluso fue “cordial”.
Golpe al sector petrolero
El que parecía el golpe de gracia llegó al sector petrolero, que representa alrededor del 90 % de los ingresos del Estado venezolano. El 10 de diciembre, la Guardia Costera estadounidense se incautó del petrolero ‘Skipper’ en el Caribe y lo trasladó a un puerto estadounidense para descargar su carga.
Seis días después, Washington anunció el “bloqueo total de petroleros que lleguen o salgan de Venezuela”, y diez días más tarde se produjo la incautación de un segundo buque, el ‘Centuries’.
El tercer petrolero señalado es el ‘Bella 1’, que navegaba vacío hacia Venezuela para cargar crudo. Ante el intento de abordaje, su tripulación rechazó la orden y dio media vuelta, lo que ha desencadenado una persecución de varios días en aguas del Atlántico.
Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo, al considerar fraudulentas las elecciones del 28 de julio de 2024, y respalda las denuncias de la oposición, que afirma que el vencedor fue Edmundo González. Desde entonces, tanto él como la líder opositora María Corina Machado han salido del país, esta última con ayuda de Washington para viajar a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz.
Sobre Maduro pesaba además una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. El mandatario venezolano fue acusado formalmente en 2020 en Estados Unidos por corrupción, narcotráfico y otros cargos, en una causa presentada en el Distrito Sur de Nueva York. Al anunciar su captura, Trump aseguró que la operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses.
