"Navarra tiene una normativa urbanística que le permite adoptar modelos sostenibles"

Es aquel que afronta la planificación del territorio para atender necesidades reales y dedica suelo a esas necesidades siempre que sea un suelo idóneo para acogerlas y en condiciones razonables. Es decir, que no agota los recursos que la naturaleza pone a nuestro alcance dejando a las generaciones venideras, como mínimo, sin los mismos recursos que la naturaleza nos ha otorgado a nosotros.

Hasta ahora se calificaba al actual modelo urbanístico con adjetivos como salvaje

La crisis ha sido el detonante, porque ha obligado a ajustarnos a un nuevo modelo, incluso en aquellos casos en los que a lo mejor esa no hubiera sido la decisión directamente adoptable. Sin embargo, sí que es cierto que antes de la crisis económica había muchas voces que señalaban el peligro de una legislación liberalizadora de suelo, en la medida en la que éste, además de ser un recurso económico, es un recurso natural, escaso y no renovable. Por lo tanto, es un recurso que hay que planificar con cautela y atendiendo simplemente a necesidades reales, no a aquellas que no tenemos y generamos porque en un momento determinado provocan un determinado progreso. Es cierto, y la propia Ley del Suelo en su preámbulo lo reconoce, que España ha tenido un modelo urbanístico muy desarrollista, muy volcado en la idea de hacer ciudad, y esto en muchos períodos ha propiciado unos altos índices de crecimiento económico y de bienestar de la población, pero es el momento de tomar otro tipo de decisiones porque hemos agotado el techo de lo que el suelo es capaz de generarnos en este sentido.

Y ayuntamientos y comunidades autónomas, ¿se están poniendo las pilas y están aplicando criterios de sostenibilidad a la hora de planificar?

Hay muchas comunidades autónomas que han adaptado ya su legislación a la Ley de Suelo del Estado y que efectivamente han introducido criterios de sostenibilidad para el planeamiento urbanístico motu proprio, sin necesidad exclusivamente de lo que ha sido la adaptación puramente legal de la Ley de Suelo. Indudablemente, también hay ayuntamientos que están adoptando este tipo de decisiones. Hay otros consistorios donde el problema más acuciante ahora es tratar de absorber el patrimonio inmobiliario que ya se tiene y como no atendió a una serie de necesidades reales, ahora es un patrimonio que la crisis económica tampoco es capaz de dar salida y, por lo tanto, su urgencia inmediata es afrontar ese tipo de decisiones. Probablemente la estabilidad la consigamos cuando se remonte por completo la crisis y se puedan tomar decisiones porque son las que se piensan, las que se desean, con independencia del elemento económico que tengamos detrás.

Ha dado un dato importante, y es que de 1990 a 2000, el crecimiento demográfico en Navarra fue del 7%, mientras que el crecimiento urbanístico se situó en el 53%. ¿Cómo está la Comunidad Foral con respecto a otras autonomías?

Los datos que yo he extraído de esa década son de ocupación de suelo del proyecto Corine Land Cover, son datos parciales ya que sólo miden el crecimiento demográfico, no tienen en cuenta otro tiempo de crecimiento, y lo comparan con el de la urbanización. Ésa ha sido una tónica que siguieron en España todas las comunidades, incluso las que tenían crecimiento regresivo habían crecido desorbitadamente y no parejas a sus necesidades reales. En materia de urbanismo, Navarra ha tenido siempre una legislación pionera, al ser la primera, excluyendo Cataluña, que hizo un texto refundido con la ley de 1976 y se dotó de una ley urbanística global propia, la de 1994. Y siempre ha tenido una normativa donde ha habido un intento de otorgar a las administraciones públicas la prerrogativa de controlar todos los procesos que afecten a la ordenación, transformación y uso del suelo. Es decir, Navarra tiene y ha tenido siempre una normativa urbanística que le permite perfectamente adoptar modelos sostenibles de urbanización.

Más de la mitad de la población navarra se concentra en Pamplona y la Cuenca, ¿esto es sostenible?

Éste es un problema al que se está enfrentando España, Europa y el mundo con carácter general. Se está perdiendo mucho lo rural y estamos accediendo a fenómenos de urbanización en grande. No se trata de ser más o menos sostenible, sino que lo sostenible es que cuando una ciudad acoge a un determinado porcentaje de población en relación con un territorio tiene que ofrecerle los servicios y dotaciones que demanda. La ciudad tiene que ofrecer a todos sus habitantes los servicios que van a demandar y eso es lo sostenible.

¿Y hoy en día los ayuntamientos tienen la capacidad económica para hacer frente a todos los servicios que se han creado con el desarrollo urbanístico?

Se dice siempre que la asignatura pendiente en España es la financiación de las haciendas locales, asignatura que se ha ido dejando porque en momentos de urbanismo intenso ha habido una posibilidad de financiación importante por medio de la gestión urbanística municipal y ahora, a consecuencia de la crisis, deja en muchos casos a los ayuntamientos sin capacidad económica de actuación. Éste es uno de los elementos más importantes que hay que afrontar cuando hablamos de sostenibilidad, la capacidad de los consistorios de atender los servicios que se van a demandar. De ahí que la Ley de Suelo haya introducido con carácter novedoso esa memoria de sostenibilidad económica, es decir, no me basta con que un promotor me termine una urbanización, me la conecte con la ciudad existente y me la entregue. Tengo que ser capaz luego de mantener los servicios que además se demanda a un ayuntamiento en una sociedad moderna, que son muchos más de los que a lo mejor pensara en su día hasta la propia ley básica de Régimen Local.

El planeamiento urbanístico actual, ¿debe tener al ciudadano en el centro de su actuación?

Evidentemente. La ciudad es para el ciudadano y por lo tanto no es un ser que incordia presentando alegaciones, sino que es alguien que va a formar parte de esa ciudad, que forma y transforma la ciudad y por lo tanto debe ser tenido en cuenta.