orkoien. El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y al Ayuntamiento de Orkoien que tomen medidas para evitar las molestias ocasionadas a una familia de la localidad por los ruidos que generan las villavesas del transporte urbano al permanecer con el motor en marcha en la parada de cabecera de la línea 10, situada junto a la vivienda de los afectados, e incluso insta a trasladar la parada a otro lugar más alejado de los domicilios si fuera necesario.
Estos vecinos denunciaron que, desde septiembre de 2009, cuando se modificó el recorrido de la línea y se estableció como parada de cabecera la actual ubicación, en la plaza Juslapeña, padecen a causa de los "ruidos insoportables" que ocasionan los autobuses al parar "a escasos cuatro o cinco metros" de su domicilio con los motores encendidos. Según asegura uno de estos vecinos, las molestias se prolongan a lo largo de todo el día, desde las 6.30 horas hasta las 23.15, cuando los autobuses permanecen hasta 20 minutos seguidos en la parada cada media hora, aparte de los servicios nocturnos de fin de semana y vísperas de festivos.
Este vecino se dirigió hasta en cuatro ocasiones tanto al Ayuntamiento de Orkoien como a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona expresando su malestar por la situación y solicitando a ambas instituciones que tomaran medidas para encontrar una solución, bien el traslado de la parada a otra ubicación, bien la obligación de detener los motores de los vehículos.
Este requisito ya se contemplaba en el contrato de adjudicación del servicio de transporte urbano que desde noviembre de 2009 mantiene la compañía TCC con la Mancomunidad, según informó el ente, aunque el vecino sostiene que se ha incumplido regularmente. Los conductores de los autobuses son quienes se oponen principalmente a esta medida, ya que al detener el motor también se suspende el sistema de climatización de los vehículos, provocando que, especialmente en verano e invierno, el calor o el frío se apoderen de los mismos.
Ante las reiteradas quejas de este vecino, el Ayuntamiento de Orkoien, por su parte, encargó en diciembre de 2009 un estudio de sonometría para determinar los niveles de ruido registrados tanto durante el día como durante la noche, aunque finalmente no se realizó el estudio nocturno al sobrepasar el diurno ampliamente los límites permitidos. Sin embargo, la Mancomunidad alegó que este estudio no se había realizado de manera correcta, y argumentó asimismo que, en distintas inspecciones realizadas, se había constatado la mejora en el cumplimiento de la obligación de detener los motores de los autobuses, cifrado en el 80%.
posible medida Por otra parte, la Mancomunidad informó también de que el establecimiento de la parada de la plaza Juslapeña como cabecera de la línea no era definitivo, y emprendió una medida encaminada a solventar las molestias ocasionadas a la familia afectada, que consistía en que los autobuses esperaran a una distancia de unos 120 metros de la parada de cabecera, donde podían mantener en marcha el motor, y se aproximaran a la parada con el tiempo justo de recoger a los viajeros que allí estuvieran. Este proceder se llevó a cabo entre julio y octubre de 2010, pero no se prolongó debido a las quejas de algunos usuarios, que manifestaron que sufrían bajas temperaturas mientras el autobús estaba estacionado lejos de la parada.
Finalmente, analizada la situación, el Defensor del Pueblo ha resuelto recordar tanto al Ayuntamiento como a la Mancomunidad su "deber de proteger el derecho de los ciudadanos a no soportar ruidos excesivos y persistentes en el ámbito domiciliario, adoptando todas las medidas pertinentes a tal fin", así como recomendarles que "realicen un estudio actualizado del nivel de ruido" y que "si fuera preciso colaboren en la determinación de un lugar alternativo como parada de cabecera, más alejado de las viviendas". Asimismo, el Defensor recomienda al ente comarcal que "haga cumplir el compromiso de parada de motores adquirido por la empresa concesionaria del servicio de transporte". Las dos instituciones tendrán de plazo hasta mediados de septiembre para confirmar si aceptan las recomendaciones e informar sobre las medidas a tomar al respecto.