aoiz - El sumario abierto por la información que se consiguió recuperar del ordenador de trabajo de la que fuera concejal de UPN en el Ayuntamiento de Egüés Carolina Potau prosiguió ayer en el juzgado de Aoiz con la declaración de Alfonso Úcar, exedil del PP.

Lo hizo en calidad de investigado, como el resto de representantes municipales que comparecieron hace dos semanas en el mismo juzgado tras la denuncia de Potau por una supuesta vulneración de su intimidad después de que se recuperara de dicho ordenador -que pertenecía a la sociedad pública Andacelay- información que previamente había sido borrada, parte de la cual puede relacionarla con adjudicaciones que están siendo investigadas.

El antiguo cargo del PP tuvo que declarar ante la juez del caso como integrante del consejo de administración de Andacelay, en cuyo seno se adoptó la decisión de enviar toda la documentación recuperada del ordenador al juzgado donde se mantienen abiertos varios casos por las numerosas irregularidades detectadas en el municipio.

Úcar estuvo más de una hora en el juzgado y según ha podido determinar este periódico, declaró ante la juez desconocer los detalles de cómo se obtuvo la información borrada del ordenador.

acuerdo de confidencialidad Con una línea argumental similar a la que utilizó el edil socialista Mikel Bezunartea durante su declaración del pasado 7 de febrero, Úcar eludió cualquier responsabilidad en los hechos y cuando fue preguntado por el acuerdo de confidencialidad que tuvieron que firmar para conocer el contenido de la documentación recuperada, dijo desconocer sus implicaciones.

También se desmarcó del acuerdo unánime adoptado en el seno del consejo de administración de Andacelay en febrero de 2013 para dar a conocer, en una rueda de prensa, los detalles de la información obtenida y entregar toda la documentación al juzgado de Aoiz.

Incluso Úcar negó la decisión consensuada por todos los grupos municipales, a excepción de UPN, para pedir a la dirección regionalista la salida de Josetxo Andía y de su concejal Estefanía Clavero por las irregularidades detectadas y los continuos casos de corrupción localizados en el municipio.

Cabe recordar que los dos últimos alcaldes regionalistas en el valle de Egüés -Ignacio Galipienzo y Josetxo Andía- tuvieron que dejar sus cargos por este motivo y en el caso del primero, con una condena por prevaricación a sus espaldas. Fue expulsado de UPN, como Potau en 2011, en su caso por la vinculación directa con un grupo empresarial (CIN), que obtuvo adjudicaciones en Egüés cercanas a los 40 millones de euros.

Además de Alfonso Úcar, ayer también declararon dos asesores municipales y otra exconcejal, Eva González (I-U). Estaba prevista una quinta comparecencia, la del técnico informático que recuperó la documentación del ordenador de Potau, pero se ha pospuesto ya que la orden de citación fue tramitada con retraso y se atendió su solicitud de fijarla para una fecha posterior.

Aranoa y chivite Queda por determinar si la juez planteará nuevas comparecencias, ya que entre las personas que dieron la rueda de prensa -todas han tenido que declarar- se encuentra la actual parlamentaria foral de EH Bildu Miren Aranoa. A tal efecto, el juzgado ha pedido un informe que acredite su condición de parlamentaria, después de lo cual tendrá que tomar una decisión. En el caso de que apreciara indicios contra ella, el sumario pasaría directamente al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el órgano competente para los aforados.

También existe la posibilidad de que la exedil María Chivite, actual senador y secretaria general del PSN-PSOE, sea finalmente citada a declarar ya que al igual que Úcar, formaba parte del consejo de administración de Andacelay, en su caso además en calidad de secretaria.

Hasta la fecha, la juez de Aoiz ha citado a declarar a los cargos públicos Alfonso Etxeberria, Mikel Bezunartea, Álvaro Carasa, Mikel Etxarte, Joseba Orduña y Amaia Etxarte.