La Conferencia Episcopal Española entregó el lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su análisis sobre los 34.976 bienes inmatriculados entre 1998-2015 que el Gobierno trasladó previamente al Congreso. El informe se sacude de un plumazo, en una frase, la inmensa mayoría de casos: “Se han verificado de manera correcta un total de 32.401 por las diócesis respectivas”, cita la Conferencia Episcopal. En un millar aproximado habla de “errores en la adjudicación de propiedad a la Iglesia”, pues “no consta” que estén matriculados a su nombre.
De los 1.034 bienes inmatriculados en Navarra en ese periodo, la Iglesia ha “verificado de manera correcta” 956. En cuanto a los demás, en 17 dice que “faltan datos para identificar”. Se trata de dos terrenos con construcciones en Baztan, un solar en Erro, una borda, una casa, un castañal, cinco helechales y dos prados en Goizueta, una parcela en Ituren y una casa, una huerta y una vivienda en Doneztebe.
Una tierra de labor en Aoiz se corresponde con una inmatriculación distinta al periodo analizado (fue en 1980), y dos figuran en otros títulos por adquisición; una iglesia en San Isidro del Pinar y un cubierto para la trilladora en Cildoz, la primera cedida y el segundo con una permuta en 2004.
Hay 57 casos en los que la Iglesia sí reconoce que los bienes no son suyos, básicamente porque la mayoría -50- ya los ha vendido: 4 alamedas en Aós vendidas en 2009; una casa con terreno anejo y un soto en Artajo, vendidos en 2015 y 2011 respectivamente; un terreno destinado a pastos en Ayechu vendido en 2009; la iglesia de San Andrés de Berroya, vendida en 2006; hasta 29 fincas rústicas situadas en Eslava -tierras de labor y pastos, viñas y olivares- vendidas en 2007; el templo desacralizado de San Martín, en el paraje Lastape de Esquíroz, así como una finca rústica en el mismo enclave, ambas vendidas en 2014; una vivienda en ruinas situada en Galdúroz, vendida en 2003; una huerta adosada a la casa parroquial de Igal, vendida en 2004; un almacén en Izco, vendido en 2009; un solar-jardín cercado en Leoz/Amatriain vendido al Ayuntamiento en 2005; seis fincas rústicas en Meoz vendidas en 2007; y por último un solar en Najurieta vendido en 2009.
También figuran en ese apartado la iglesia de San Esteban de Urbicain, con su terreno anejo, donada al Ayuntamiento en 2014; la ermita de San Cosme y San Damián, donada en 2018 al Ayuntamiento de Galdeano; la Ermita de Nuestra Señora de la Nieva de Dicastillo, donada al Ayuntamiento en 2015; y la ermita de Nuestra Señora del Camino de Nagore, expropiada en 2003 para el pantano. Además, constan en el epígrafe un solar en Vidángoz sobre el que la iglesia dice que “no es titularidad nuestra”; el templo parroquial de San Cipriano de Isaba y la parroquia de San Esteban de Roncal, en ambos casos, dados de baja por un “error de inscripción de propiedad”, cita el informe.
La coordinadora estatal Recuperando, que agrupa a una treintena de organizaciones ciudadanas, entre ellas la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, consideró ayer “inasumible y escandaloso el apaño pactado entre el Gobierno y la Iglesia católica para legalizar la apropiación de casi 100.000 bienes inmatriculados por los obispos a su nombre, gran parte de ellos integrantes del valioso legado cultural”.
La Plataforma afeó al Gobierno por incumplir su compromiso de revertir las inmatriculaciones. Y denunció que ha negociado “en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad”.
“Según el acuerdo que se hizo público el lunes, la Iglesia admite por primera vez que se apropió de casi mil bienes que no eran suyos, lo que pone de relieve a las claras que el privilegio inmatriculador que ha usado durante décadas le proporcionaba una ventaja sin garantías jurídicas y manifiestamente arbitraria”, aseguró.
Por su parte, la portavoz de EH Bildu en la Comisión de Justicia del Parlamento, Arantxa Izurdiaga, recordó ayer que solo en Navarra la cifra es “notablemente superior”, con 2.952 bienes inmatriculados. Izurdiaga volvió a pedir al Gobierno de Navarra que “publique el listado completo de las inmatriculaciones y sus notas simples a la mayor brevedad”, y consideró “fundamental” que ese inventario sea “público y accesible para toda la ciudadanía”, tal y como instaba una moción aprobada en el Parlamento en marzo de 2021.
