El Consistorio de Lodosa regulará con una ordenanza las perreras en suelo municipal

El Ayuntamiento de Lodosa va a aprobar próximamente una ordenanza que regulará el uso y funcionamiento de las cuevas para perros y perrerasque hay en el comunal, en concreto, en la zona de las cuevas y junto a la peña. Se trata, apunta la alcaldesa, Laura Remírez, de un documento del que son conocedores todos los grupos políticos y al que esperan dar luz verde en mayo para, de esta forma, “regular este espacio y las casetas de propiedad municipal que el Consistorio viene cediendo a cazadores y otros usuarios de la villa para el alojamiento de sus perros de caza y compañía”.

En la actualidad hay 22 perreras y “una vez aprobado el documento, no se permitirán más; se trata de regular las que hay y, en caso de que aparezcan otras, se tirarán”. Además, insiste, el Ayuntamiento va a cobrar una tasa municipal “mínima”, una cantidad que están fijando ahora entre intervención y la parte jurídica.

Los requisitos

En este caso, y de acuerdo con la ordenanza, podrán ser beneficiarios de una caseta para guardar los perros de caza y de compañía los vecinos que cumplan estos requisitos: ser mayores de edad o menores emancipados o judicialmente habilitados, estar inscritos en el padrón desde hace al menos tres años, residir efectiva y continuadamente en Lodosa al menos durante nueve meses al año, y hallarse al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

La duración del contrato de arrendamiento será de un año renovable cada 10, y el beneficiario podrá finalizarlo cuando deseé, pero no está permitida la cesión, sucesión o permuta de casetas ni tampoco la construcción de ninguna otra edificación. “El destino de las cuevas será, exclusivamente, el alojamiento de perros de caza y de compañía, estando expresamente prohibida la estancia de cualquier otro animal, así como el uso de la instalación para otros fines distintos. Los usuarios están obligados a mantener el espacio comunal y sus alrededores en perfecto estado de limpieza y conservación. El Ayuntamiento inspeccionará el buen estado del lugar y, en caso de ser necesario, dará un plazo de quince días al beneficiario para subsanar las deficiencias”. 

Cada espacio podrá acoger a un número específico de perros y, además, los arrendatarios estarán obligados a facilitar al Consistorio la documentación de identificación de los animales, así como la relativa al seguimiento sanitario y veterinario del animal. Y es que, reitera el documento, “los beneficiarios de los comunales serán especialmente escrupulosos en el cumplimiento de las normas que establece la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales y los mantendrán en buenas condiciones higiénico sanitarias”. Además, evitarán que los perros perjudiquen el derecho de las personas a la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y al medioambiente, y colaborarán en cuantos controles administrativos e inspecciones puedan realizarse.

“La rescisión, resolución o finalización del contrato por cualquier causa no generará derecho a indemnización alguna por parte del beneficiario, quedando la instalación en beneficio del Ayuntamiento y sin que este tampoco esté obligado a indemnización alguna en relación con su valor”.

Tres incautaciones

Esta medida se toma después de que se hayan tenido que llevar a cabo hasta tres incautaciones de perros en esta zona; en agosto la primera, en diciembre, la segunda en la que se llevaron 14 animales, y en enero, la tercera con 8. Allí, recuerda Remírez, además del Ayuntamiento, estuvieron el Seprona, Policía Foral, Guardia Civil y Bienestar animal; es un proceso que está judicializado.

Los animales, que se encontraban en malas condiciones, se llevaron al antiguo matadero donde la empresa del municipio especializada en el cuidado de perros,Nudacan, se encargó de todos ellos; los desparasitaron, lavaron, alimentaron, etc. “Con estos 22 perros que se incautaron, además de los que van apareciendo,gastamos al mes 5.600 euros, y esto quiero que se sepa, porque es dinero de todos”, apunta la primera edil, que aclara que las diferentes entidades “interpretaban la nueva ley de maneras diferentes y cada estamento decía una cosa diferente. Por fin, hace tres semanas, la jueza dictaminó que los perros se podían dar en adopción y ya se han ido nueve a Holanda y Alemania, y otros nueve saldrán próximamente hacia Cantabria”.