El ascensor urbano de la calle San Antón en la nueva plaza del Horno de Coscolín podría desaparecer si así se decide en el proceso de participación ciudadana que se va a celebrar este jueves de 12 a 14 en el centro cívico Rúa y no se presentan alegaciones. La intención inicial del proyecto ha variado en estos años ya que las viviendas han acabado siendo de venta y no de alquiler, por lo que el elevado coste que tendría el mantenimiento para los propietarios de las viviendas (si fuera de alquiler el responsable sería Nasuvinsa), hace que sea inviable dejarlo en servicio. De hecho, la propia empresa pública está encontrando problemas para la venta por el problema de los costes comunitarios del ascensor.
La Asociación de Vecinos del Casco Viejo tampoco son muy favorables a que permanezca el ascensor con uso urbano ya que “en el proyecto inicial el mantenimiento iba a ser del Ayuntamiento. Al inicio iba por fuera y no integrado en el bloque de pisos, como el del Barrio de Lourdes”. Pero al dispararse el coste y reducir el Ayuntamiento su inversión, pasó a integrarse el ascensor dentro del edificio, con lo que cualquier persona podría subir al portal. “Nosotros pedimos que el ascensor, dentro del edifico, no fuera abierto al público, aunque entendíamos el problema de la accesibilidad, pero no puede estar en estas condiciones”.
Plaza accesible
Desde la propia Nasuvinsa se señala la existencia de accesibilidad peatonal directa a la plaza interior desde otras zonas como la Plaza Vieja (dos pasajes) y desde la calle San Antón (1 pasaje), sin necesidad de elevadores. “Desde la calle Pontarrón en su punto bajo, hay una distancia en recorrido peatonal de 100 m para el acceso más próximo desde la Plaza Vieja, y 80 metros para el acceso desde la calle San Antón”.
Por este motivo se hace necesario modificar el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) del entorno para eliminar el uso público del ascensor, para lo cual se requiere una consulta y la apertura de un período de alegaciones, si bien, todas las partes, vecinos del entorno, Ayuntamiento y Nasuvinsa están a favor de eliminar el uso público del citado ascensor y que se cierre.
“Este uso compartido será un serio obstáculo para su comercialización y, en consecuencia, tanto para la cuenta de la actuación, como para la puesta en uso de las viviendas protegidas afectadas"
Como señala Nasuvinsa en el proyecto, “Horno de Coscolín es una actuación de rehabilitación urbana, cuyas previsiones económicas iniciales se han visto ampliamente superadas y, por el contrario, las previsiones de demanda no alcanzan las esperadas”. En ese marco Nasuvinsa optó por destinar el edificio II a régimen de venta en lugar de al régimen de alquiler previsto inicialmente para esas viviendas protegidas.
Inconvenientes
El ascensor que originalmente iba a ser propiedad de Nasuvinsa, pasará, de esta forma, a ser de los propietarios de las viviendas. “Este uso compartido será un serio obstáculo para su comercialización y, en consecuencia, tanto para la cuenta de la actuación, como para la puesta en uso de las viviendas protegidas afectadas. Esta nueva situación permite reflexionar sobre cuestiones que quizás no fueron suficientemente valoradas al inicio como: la necesidad, la idoneidad de su ubicación, la seguridad y la igualdad de su uso, la problemática del uso y mantenimiento público-privado, los riesgos de vandalización y sus consecuencias (ejemplo ascensor urbano de Torre Monreal), la equidistribución de los costes de mantenimiento, la proporcionalidad entre la inversión (sobre de mantenimiento) y la mejora de accesibilidad que se consigue, si cumplirá la función para la que fue ideada esa dualidad de uso, y la sostenibilidad”.
Alternativas
Para ello, a quienes participen en el proceso se proponen dos alternativas. La primera convertirlo en un elemento compartido urbano-privado, y no requeriría de modificación del PEAU. Habría que instalar botones que diferenciaran el uso privado del público (que se estiman 2.000 €) y sumar el funcionamiento y mantenimiento anual, junto con una incidencia de reparación de daños por vandalización (cuyo coste total se estima en 5.000 €/año). El documento afirma que “solo el coste de mantenimiento es desproporcionado para el día a día de las viviendas. No es soportable por los propietarios de tres viviendas de protección oficial”. A todo ello se añade la competencia en la limpieza o la seguridad del usuario privado al poder plantearse la situación compartir el ascensor con desconocidos en un entorno escondido, sin visibilidad y “parcialmente degradado” lo que puede hacer también que no haya un uso público real.
En la segunda alternativa, se eliminaría el uso público del ascensor privado y, por tanto, requeriría la modificación puntual del PEAU. Considerando que la inversión del ascensor ya ha sido realizada el coste de esta alternativa es de 2.000 €, exclusivamente por la redacción y tramitación de la modificación del PEAU. Si se optara por cerrar la zona de acceso en planta semisótano, incorporándola al resto del garaje, habría que sumarle otros 1.000 €.
