El Defensor del Pueblo de Navarra sugiere al Departamento de Educación que analice en profundidad las necesidades de atención educativa en Sakana en los diferentes ciclos educativos, y en particular, los casos de necesidades educativas especiales. También que, en función de ello, “planifique e implemente de forma efectiva las medidas precisas para favorecer en el mayor grado posible la permanencia en la opción educativa escogida de quienes desean recibir la escolarización en centros públicos en ámbitos rurales donde residan, con los ajustes razonables que sean adecuados”, según se dice en la resolución.
Y es que este pasado mayo, esta institución recibió una queja, en representación del colectivo Sakanako Herri Eskolak, suscrita por diez docentes. Por un lado, se exponía “falta de estructura específica de educación especial en las escuelas rurales públicas de Sakana”, estructura solicitada desde los centros públicos de la comarca que solo ha sido asignada al Colegio Zelandi de Altsasu. También que “muchos de los alumnos con necesidades educativas especiales que hemos tenido en las escuelas rurales han sido derivados a centros concertados, ya que las plazas que existen en los centros públicos no son suficientes, tanto en Educación Primaria como en Secundaria”.
Asimismo, se señalaba “falta de respeto hacia la decisión de las familias que en su día apostaron por un sistema educativo público, equitativo e inclusivo” y “perjuicio a la imagen de nuestras escuelas rurales”, así como las consecuencias en el alumnado de cambiar de centro.
Sin aula de 2 años en Urdiain
También se denunciaba el cierre del aula de 2 años en Urdiain. “En el pueblo adyacente está autorizado un colegio concertado que ofrece servicios de transporte y comedor y cuenta con aula de 2 años. Dicho cierre traerá consigo la pérdida de matrícula de la escuela pública”. Por todo ello, se solicitaba la implantación de estructuras específicas de necesidades educativas especiales en los centros públicos de Sakana, que se ajusten las ratios de manera proporcional y que se elimine el requisito de ser de la misma etapa. Otra demanda era la apertura de escuelas públicas de 0-3 años o que se ofrezcan alternativas en el sistema público.
Así, el Defensor del Pueblo se dirigió al Departamento de Educación, que argumentó que “no hay alumnado suficiente como para abrir una estructura”. En cuanto a la oferta de plazas del primer ciclo de educación infantil, aducía que “por primera vez de forma regularizada y acorde a la normativa se oferta un aula de dos años en el colegio público de Etxarri este curso”, y proponía una disposición final en el proyecto del Decreto Foral por el que se regula el reglamento de organización y funcionamiento de los centros públicos sobre el uso de accesos y otros espacios además de ratios para que se puedan agrupar en una misma unidad niñas y niños de distintas edades de infantil.
