Exigen que las mejoras en Benito Menni se paguen con los beneficios

La plantilla del centro Benito Menni de Elizondo, que acumula 134 días de huelga y más de un año de conflicto laboral, ha denunciado en una rueda de prensa celebrada hoy jueves en Pamplona, junto a familiares de usuarios y usuarias, que el Gobierno de Navarra “siga del lado de una empresa que amenaza a las familias con una subida de la cuota” en un centro sostenido con dinero público.

Los y las trabajadoras del centro, defienden que la mejora de las condiciones laborales y del servicio debe financiarse con los beneficios obtenidos por la entidad gestora, la Fundación Hermanas Hospitalarias. “Las reivindicaciones no son desproporcionadas”, han señalado, recordando que la plantilla reclama un salario de 22.400 euros brutos anuales y medidas para mejorar la calidad de la atención a las personas usuarias.

En los últimos días, la Fundación Hermanas Hospitalarias ha difundido varios comunicados en los que afirma que asumir las demandas de la plantilla supondría “un incremento del coste de la plaza de 5.000 euros anuales” y que ese impacto se traduciría en “una subida de 450 euros mensuales en la cuota de cada usuario o usuaria”.

Sin embargo, la plantilla denuncia que la empresa “miente sobre el incremento de costes” y omite que en el año 2023 obtuvo un resultado de la actividad ordinaria (EBITDA) de 567.792 euros. Además, entre 2020 y 2023 se derivaron 1.456.000 euros a la Congregación, “beneficios obtenidos a costa de dinero público” que, según critican, no se han destinado a mejorar ni las condiciones laborales ni la calidad del servicio.

Las trabajadoras subrayan que, además de las mejoras salariales, han planteado propuestas concretas para mejorar la atención a las personas usuarias, “propuestas que la empresa no ha tenido en cuenta”.

Esta situación, denuncian, vuelve a poner de manifiesto “las graves carencias del modelo de subcontratación” que mantiene el Gobierno de Navarra, un modelo que “prioriza los beneficios de las empresas frente al propio servicio”. Consideran especialmente grave que, mientras la empresa traslada el conflicto a las familias, el Gobierno “permanezca sin hacer nada y sin asumir su responsabilidad” en un servicio financiado con fondos públicos, una pasividad que, a su juicio, “le sitúa del lado de la empresa que precariza a las trabajadoras, recorta el servicio y amenaza a las personas usuarias”.