El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado un "plan anti-crisis" con 15 propuestas que supondrían modificaciones presupuestarias por valor de 6,5 millones con el objetivo de "luchar contra la crisis social y económica" como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Entre las medidas se contempla un refuerzo en 3,5 millones de la Bolsa de Rescate Social, dotar con dos millones un "sistema estable de bonos comerciales" y realizar un acuerdo con el Gobierno de Navarra para construir 350 viviendas de alquiler social. En materia fiscal EH Bildu plantea bonificaciones a la Contribución del 90% para las personas y familias más vulnerables o la exención del IAE a contribuyentes con una cifra de negocio inferior a 1.000.000 de euros.

Así lo ha explicado el portavoz de la coalición, Joseba Asiron, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto con la concejala Eva Aranguren. Asiron ha opinado que se trata de propuestas "muy concretas y realizables y que podrían ser muy eficaces en este rescate social" y que, ha subrayado, "remarían en la dirección de un compromiso de legislatura en dos temas claves como son la pobreza y vivienda".

"Siempre hemos sostenido desde el principio que era una prioridad absoluta que nadie quede atrás" y "como institución no nos podemos conformar con un presupuesto ordinario sino arbitrar medidas que garanticen que nadie quede atrás", ha subrayado Asiron.

Se trata, ha dicho, de un plan que, "junto con las medidas de otras administraciones, tenga la capacidad de abordar con garantías esta realidad tan dura". Todo ello con vistas a "preparar al Ayuntamiento para el rescate social de las personas en riesgo evidente de pérdida de trabajo o vivienda, que estaban ya antes en situación de pobreza o cuyos negocios se encuentren en estos momentos en la cuerda floja".

Según ha explicado, las medidas se estructuran en dos niveles de trabajo. Por un lado, "medidas para el rescate social y tejido económico que incluye ayudas directas e indirectas para hacer aportaciones de justicia fiscal, el refuerzo de los servicios públicos y la prestación de créditos sin intereses".

Un segundo nivel sería "un plan especial de actuación social para combatir la pobreza desde la colaboración entre instituciones en materias como educación, servicios sociales, padrón, integración, redes comunitarias y acciones contra la precariedad en hostelería, cultura y los cuidados".

"Tenemos una responsabilidad histórica como políticos, también como institución", de manera que "dentro de unos años, cuando se mire atrás y se contemple estos meses desde un punto de vista crítico, nadie pueda decir que desde esta institución no se hizo todo lo que estuvo en nuestras manos", ha remarcado Asiron.