El Ayuntamiento de Pamplona ha retirado 40 multas tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el primer estado de alarma (todavía tiene que decir sobre el segundo), pero ya ha cobrado 300.000 euros y espera ingresar otros 700.000 de las denuncias que se encuentran pendientes de ese periodo.
El dato fue aportado recientemente por el concejal delegado de Seguridad Ciudadana Javier Labairu en la Comisión de Urbanismo tras una pregunta formulada por el grupo municipal de EH Bildu sobre el efecto de la sentencia del TC en las denuncias tramitadas en Pamplona.
El edil de Navarra Suma comentó que los 300.000 cobrados "está claro que no se van a devolver" y que han sido anuladas 40 sanciones tras la resolución del TC.
Las anulaciones afectan a las denuncias que fueron recurridas. El resto, tanto las que fueron abonadas como las que se encuentran en tramitación, se cobrarán.
"Las multas que se han pagado no se tienen que devolver y las que están administrativamente finalizadas tampoco. Al final solo hay que devolver las que estén en tribunales o las que estén en curso, que nosotros ciframos en unas 40 multas que hemos anulado ya. Evidentemente hay otras formas de interpretación, pero nosotros tenemos que seguir las normas del abogado del área y es lo que nos dice", señaló Labairu.
Se refería a un informe elaborado por los equipos jurídicos municipales, de medio folio, donde se establece la no obligación por parte del Ayuntamiento de Pamplona de anular las sanciones que "hayan ganado firmeza en vía administrativa".
En dicho informe, el letrado municipal recuerda que la sentencia del TC declaró inconstitucionales y anuló algunos preceptos del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma.
Refiriéndose en concreto a las denuncias que se impusieron durante ese periodo, señala que el propio TC precisa en su resolución el alcance de la medida.
Cita en concreto el fundamento jurídico número 11 de la sentencia, donde se establece que "deben declararse no susceptibles de ser revisados como consecuencia de la nulidad que en esta sentencia se declara, no sólo los procesos conclusos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o las situaciones decididas mediante actuaciones administrativas firmes, sino tampoco las situaciones jurídicas generadas por la aplicación de los preceptos anulados".
En este caso, según el informe del Ayuntamiento, serían "situaciones decididas mediante actuaciones administrativas firmes", bien porque no se interpuso recurso contra las mismas o interpuesto el recurso correspondiente, fue desestimado.
Recurso aceptado
El estado de alarma declarado por Real Decreto el 14 de marzo habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el TC, tras un recurso de Vox, declaró inconstitucional esta medida.
Según datos del Ministerio del Interior, el balance final dejó 13.848 multas impuestas en la Comunidad Foral desde el 14 de marzo al 21 de junio.
La delegación del Gobierno en Navarra tramitó estos expedientes a raíz de las propuestas de sanción tramitadas por Policía Municipal de Pamplona, Policía Foral, Policía Nacional, Guardia Civil y el resto de policías locales. Correspondía al confinamiento domiciliario más estricto y a las multas tramitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza.
El pasado 6 de octubre, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, hizo alusión a este asunto y manifestó que estaban "viendo", junto con la Delegación del Gobierno en Navarra y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), si devolver las sanciones del primer estado de alarma.
Remírez señaló que "hay un trabajo coordinado con la Delegación del Gobierno en Navarra para "ver el contexto más adecuado y actuar con el máximo rigor jurídico".
Según incidió, "estamos viendo cómo queda el escenario y actuar de manera coordinada y conjunta con la Delegación del Gobierno, que es quien asumió el liderazgo del estado de alarma, y que afecta también a las entidades locales y a las fuerzas policiales de las entidades locales".
El portavoz aludió a la existencia de contactos entre la FNMC, el Gobierno de Navarra y la Delegación y dijo que "cuando haya una información más clara y definida se comunicará".
