- La UTE Cespa & Acciona presentó ayer ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra (TACPN) un recurso contra el Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera adoptada en la reunión del pasado 10 de marzo, en el que este organismo tomó la decisión de volver a iniciar el proceso de licitación, haciendo oídos sordos de la reclamación del Tribunal. Este recurso significa que se producirá un nuevo retraso para que las localidades riberas tengan un servicio de limpieza mancomunado, un proceso que lleva ya tres años de retraso desde que se comenzó a dar los primeros pasos en 2017. La Mancomunidad, que preside Fernando Ferrer, se empecinó en no acatar la sentencia del Tribunal que hubiera retraído el proceso al análisis de las ofertas presentadas y se hubiera ganado tiempo.

La UTE solicita en la reclamación que se anule el citado acuerdo por ser “contrario a derecho y se acuerde continuar en la tramitación del procedimiento”, para lo cual se tenía que volver a admitir la oferta de Cespa que se decidió desestimar por un informe del gerente de la Mancomunidad que había variado de criterio con respecto a otro presentado un mes antes. Según el Tribunal, la exclusión de la UTE Cespa&Acciona fue un acto contrario “a los principios de igualdad y transparencia” al no estar basada esta decisión en “incumplimientos claros y expresos” sino en cierta “discrecionalidad técnica” a la hora de estimar que su oferta no era viable, según el informe del gerente de la Mancomunidad, Fermín Corella. Este órgano jurídico fue tajante a la hora de calificar el dictamen del gerente Corella en la mesa de contratación, una actuación que calificó de “discriminatoria”. Corella apuntaba que Cespa&Acciona no cumplían con las horas de barrido manual establecidas, cuya disminución estimaba en 8.318 menos (de las 16.018 fijadas), y hacía una estimación que eso representaría barrer 12.154.100 m2, es decir, unos 5,8 millones de m2 menos de los fijados en el pliego. Para el Tribunal la única exigencia del pliego son los metros cuadrados de barrido manual y no las horas en desempeñar dicha labor, por lo que se producía un “claro juicio de valor”.

En el comunicado hecho público ayer Cespa & Acciona señalan que han tomado esta decisión “para defender el cumplimiento de una resolución dictada por el propio TACPN, a la que ha hecho caso omiso la Permanente de la Mancomunidad, y para defender también el interés público, ya que la anulación de este concurso supondría la pérdida de más de 3 años de trabajos para la preparación del pliego y un retraso de alrededor de un año hasta que se pueda adjudicar otro servicio, con la consiguiente pérdida económica para los 17 municipios de la zona y para todos sus ciudadanos”. En el comunicado apelan “a la responsabilidad política y ciudadana que debe velar por los intereses públicos con transparencia, rigor y garantías en los procedimientos establecidos”. El concurso para la limpieza mancomunada de 17 localidades riberas supone un montante superior a los 27 millones de euros durante 10 años.